Quito. Las entidades afectadas se ocupaban de iniciativas de salud, cooperación rural, ayuda a ancianos y desarrollo económico, entre otros temas.

"Las que no cumplen con los requisitos no pueden seguir funcionando", dijo a Efe una portavoz de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional(Seteci), que ha revisado las operaciones de todas las ONG extranjeras del país, según explicó.

Entre esos requisitos están, por ejemplo, la prohibición de "efectuar labores lucrativas, de injerencia política y/o proselitistas", o realizar actividades que atenten contra "la paz pública" o que sean "diferentes o incompatibles con las que le han sido señaladas", según un decreto emitido por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, en julio del año pasado.

Las ONG españolas que deberán salir de Ecuador son "Alternativa de Desarrollo Solidario", "Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación" y "Movimiento por la paz, el desarme y la libertad".

En la lista también están la argentina "Fundación Instituto de la Salud, Medio Ambiente, Economía y Sociedad", la colombiana "Fundación para el Desarrollo Integral del Adulto Mayor" y la puertorriqueña "Ministerio Evangélico El Sembrador".

Además, hay otras nueve estadounidenses, cuatro italianas, dos británicas, una alemana, una danesa, una filipina, una de Singapur y una belga.

La suspensión de operaciones es con efecto inmediato, informó la portavoz, que pidió no ser identificada.

La Seteci también comunicó a otras 16 ONG extranjeras que deben suscribir un nuevo convenio con el Estado ecuatoriano, "para lo cual deberán manifestar su interés de continuar trabajando en el país en un plazo máximo de quince días" y cumplir con los requisitos correspondientes.

En ese grupo están las entidades españolas "Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza", "Fundación Universitaria Iberoamericana" y "Centro de Estudios Políticos y Sociales", así como la dominicana "Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física".

El resto son estadounidenses, italianas y suizas, así como una holandesa.

El decreto de 2011 ordenó a todas las ONG extranjeras firmar nuevos convenios con el Estado, de acuerdo con unas normas que propugnan un mayor control de sus proyectos y su financiación.

Una de las cláusulas que crearon inquietud entre las ONG es la que les prohíbe ejecutar "proyectos financiados con recursos de la cooperación internacional no reembolsable de fuente bilateral o multilateral bajo sanción de terminación anticipada del Convenio Básico de Funcionamiento".

Diez días antes de la publicación del decreto, Correa había afirmado que algunas ONG "son de extrema derecha", en su mayoría estadounidenses, y que pretendían "desestabilizar a los Gobiernos progresistas".

El presidente añadió que otras que trabajan en la frontera norte "son cómplices" de grupos irregulares.

En 2009 el Gobierno derogó temporalmente el permiso concedido a la organización ambiental ecuatoriana Acción Ecológica, que respaldó protestas indígenas contra un proyecto de ley de minería.

También retiró el estatus diplomático a una ONG que asistía a colombianos desplazados en la frontera norte, a la que se acusó de tratos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). EFE