Diputados debaten reestatizar Aerolíneas Argentinas

Buenos Aires.- La Cámara de Diputados comenzó el jueves a debatir el proyecto de reestatización de la compañía Aerolíneas Argentinas, controlada por el Grupo Marsans de España, que concentra el 80% del mercado de cabotaje y acumula una deuda de 890 millones de dólares.

El proyecto de ley, que fue aprobado el miércoles por las comisiones parlamentarias de Transporte y Presupuesto, establece un mecanismo de tasación de la compañía, faculta al Congreso para fijar su precio de venta e impide que en el futuro el Estado ceda la mayoría accionaria y el poder de veto.

El oficialismo aceptó introducir estas cláusulas, que no se encontraban en el proyecto original, para asegurarse su aprobación y evitar una derrota parlamentaria como la que sufrió en julio cuando, pese a tener mayoría propia, el Senado rechazó un aumento en el impuesto a la exportación de granos que había desatado un prolongado conflicto con el sector agropecuario.

Pero el nuevo proyecto desconoce el acta de acuerdo que el gobierno había firmado con Marsans en julio y en la que se establecía que ambas partes calcularían el precio de venta de la empresa por lo que, de ser aprobado por el Congreso, podría exponer al Estado argentino a un cuestionamiento legal en un tribunal internacional.

Otro de los cuestionamientos de la oposición es que el nuevo proyecto no garantiza que el Estado no asumirá la deuda de 890 millones de dólares de Aerolíneas Argentinas y su controlada Austral.

"El rescate de las aerolíneas implicará la compra de las acciones y, con esto, hacerse cargo del activo y del pasivo de las compañías. Este Congreso no debe hacerse cargo de un pasivo fraudulento acumulado por Marsans y consentido por los funcionarios argentinos que debieron haber controlado", dijo el miércoles el diputado Adrián Pérez, de la Coalición Cívica.

Por ello, los partidos de la oposición presentarán un proyecto alternativo que implica dejar que Aerolíneas Argentinas vaya a la quiebra para que Marsans se haga cargo del pasivo. El Estado compraría luego los aviones y operaría las rutas aéreas.

El gobierno ha defendido la reestatización argumentando que dejar que la aerolínea vaya a la quiebra pondría en riesgo la comunicación interna, ya que algunas rutas sólo son operadas por Aerolíneas Argentinas y Austral, que también distribuyen el correo.

En julio, el gobierno y los sindicatos aeronáuticos reclamaron ante la justicia la intervención de la compañía por incumplimientos en el pago de salarios y falta de mantenimiento de su flota.

Dos semanas después de que fuera presentada la demanda judicial, el Grupo Marsans y el gobierno acordaron establecer un período de transición de 60 días durante el cual se definiría el traspaso al Estado de la aerolínea, que presta un servicio deficitario y es azotada permanentemente por conflictos gremiales.

Marsans, propietaria del 94,6% de Aerolíneas y del 97% de Austral, controla la compañía desde 2001, año en el que la adquirió de manos de Iberia. La aerolínea había sido privatizada a principios de la década de 1990 bajo el gobierno de Carlos Menem.

AP