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Demócratas buscan castigar a empresas que "exporten" empleos

Los demócratas presentan en las próximas horas un proyecto de ley al pleno del Senado que busca que paguen más impuestos aquellas empresas estadounidenses que cierren plantas locales para abrir otras nuevas en el extranjero, una de las últimas votaciones antes de que los legisladores tomen un receso previo de las elecciones de noviembre.

28 de septiembre de 2010

Washington.- Al mismo tiempo, el proyecto contempla nuevos estímulos fiscales para aquellas empresas que traigan empleos a Estados Unidos.

Los republicanos y probablemente algunos demócratas podrían tratar de bloquear la iniciativa el martes más tarde. Argumentan que los incrementos en impuestos harían que las empresas estadounidenses sean menos competitivas.

Los demócratas están presentando la iniciativa para mostrar su sintonía con los electores que consideran que los empleos estadounidenses se están perdiendo porque las compañías estadounidenses los están exportando al exterior.

Mientras la economía continúa mostrando debilidad y el desempleo ronda el 10%, los demócratas planean emplear esta estrategia para ganarse la confianza de los votantes, pues desean mantener su mayoría en ambas cámaras del Congreso.

"Vamos a quitarle los incentivos a las corporaciones que envíen nuestros empleos al exterior y les daremos poderosos nuevos incentivos para mantener los empleos estadounidenses en el país", dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid.

"Justo ahora nuestro código fiscal recompensa a las corporaciones que envían puestos de trabajo al exterior. Eso les ayuda a pagar los costos por cerrar fábricas y les ofrecen alivios fiscales si trasladan su producción a otros países", agregó.

La iniciativa de ley eximiría a las empresas que importen empleos del pago del 6,2% del impuesto de Seguro Social en la nómina para los nuevos empleados estadounidenses que reemplacen a trabajadores extranjeros que hayan estado realizando un trabajo similar.

Esa exención de dos años también estaría disponible para los empleados que sean contratados en los próximos tres años. Esa reducción fiscal —que tendría un costo aproximado de US$1.000 millones— sería compensada en parte por los aumentos de impuestos que pagarían las empresas que trasladen sus puestos de trabajo al extranjero.

La iniciativa de ley también le prohibiría a las empresas hacer deducciones por costos comerciales relacionados con la ampliación de operaciones en otros países.

Asimismo, busca incrementar los impuestos a aquellas empresas estadounidenses que cierren operaciones locales y amplíen las extranjeras para importar productos a Estados Unidos.

 

AP