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Defensoría de Perú pide detener violencia por minería

En declaraciones a los periodistas, Merino señaló que los representantes de su organismo confirmaron que los enfrentamientos también dejaron 14 civiles y 20 policías heridos.

3 de marzo de 2011

Lima - La defensora del Pueblo de Perú, Beatriz Merino, pidió hoy a las autoridades nacionales y a los dirigentes mineros que detengan los actos de violencia que en los últimos días causaron la muerte de dos personas durante enfrentamientos entre policías y mineros informales en la región sureña de Madre de Dios.

 

"Frente a estos hechos la Defensoría del Pueblo ha pedido a la Fiscalía de Puerto Maldonado (la capital de Madre de Dios) el inicio de las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se habrían producido las muertes ", indicó.

La defensora reiteró su rechazo a las acciones violentas y recordó a los manifestantes que la toma de carreteras constituye un delito.

"Hacemos un llamado a los dirigentes de los mineros informales a cesar todo acto de violencia y conducir sus demandas a través de los mecanismos de diálogo establecidos por el Estado de derecho", dijo.

Merino leyó luego un pronunciamiento sobre la problemática de la minería informal, en el que remarcó que "es necesario tener en claro que solo una parte de estas actividades pueden ser formalizadas".

En ese sentido, propuso una agenda de trabajo que indica que la extracción minera artesanal debe realizarse "en zonas debidamente autorizadas por las autoridades" y no puede afectar "las áreas naturales protegidas o el patrimonio cultural de la nación".

Además, que el uso de dragas debe ser prohibido en la Amazonía, ya que tiene "efectos negativos sobre la calidad ambiental de los ríos y sobre los ecosistemas".

"Sólo debe permitirse el desarrollo de actividades de pequeña escala o artesanales", acotó para luego indicar que "no puede aceptarse, bajo ninguna circunstancia, que operaciones de mediana o gran escala se aprovechen del marco legal para operar ilegalmente".

La defensora también pidió que se fortalezcan las capacidades de los Gobiernos regionales para atender a la pequeña minería y la minería artesanal y se genere una estrategia multisectorial para atender el impacto social de la erradicación de la minería informal.

"En razón de lo señalado, exhorto a las distintas autoridades del Gobierno nacional, en particular al Ministerio del Ambiente y al Ministerio de Energía y Minas, así como a los Gobiernos regionales - especialmente al de Madre de Dios- a atender urgentemente cada uno de los puntos de agenda señalados", concluyó Merino.

El Gobierno peruano inició el pasado 18 de febrero un operativo militar contra las 14 grandes dragas utilizadas para sacar oro del río Madre de Dios e Inambari, más 250 dragas de menor tamaño.

En el operativo están participando 650 policías y mil soldados de la Marina y la Fuerza Aérea, pero el descontento ha ido creciendo a lo largo de 12 días en esta región donde el oro ha atraído a miles de personas y acarrea problemas sociales como la delincuencia y la prostitución infantil.

Miles de manifestantes se concentraron ayer en Puerto Maldonado para protestar por la reciente operación de destrucción de las dragas, mientras que las autoridades del Gobierno comunicaron que no retirarán las tropas ni suspenderán sus operaciones.

Al referirse a los hechos de violencia, el ministro peruano del Interior, Miguel Hidalgo, declaró hoy que la policía actuó "en cumplimiento de la ley" y que tuvo que usar "de manera reglamentaria sus armas disuasivas, gases lacrimógenos y escopetas de perdigones" para enfrentarse a los manifestantes.

"Como es lógico hay una situación tensa, pero hasta el momento se ha mantenido el control del orden público, la función del Gobierno es firme en ese sentido", remarcó Hidalgo.

 

(Efe)