Congreso boliviano da luz verde a contratos petroleros

La Paz.- El congreso puso fin a una larga disputa entre oficialistas y opositores que paralizó la ejecución de los contratos petroleros con doce compañías tras la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia hace casi un año.

Ahora resta que el Ejecutivo registre los acuerdos ante un notario para que estos ingresen en vigencia y se apliquen los ajustes impositivos que creo el decreto de nacionalización, informaron legisladores. El gobierno también espera que se reactiven las inversiones en la industria petrolera que se vieron paralizadas.

El acuerdo llegó en medio de graves disturbios en el sur del país por la propiedad de un mega campo de gas natural entre dos provincias que han dejado el martes un muerto por impacto de bala y alrededor de 40 heridos. Casi no hubo debate en la sesión conjunta de ambas cámaras tras el acuerdo interpartidario negociado previamente por el vicepresidente Alvaro García Linera para allanar las discrepancias.

Los legisladores entonaron el himno nacional al finalizar la sesión. "Felicito al oficialismo y la oposición por esta sesión histórica que es un espaldarazo a este proceso de nacionalización", dijo García Linera. El 10 de abril, el Senado dominado por la oposición, sorprendió al oficialismo al aprobar los contratos en sus propios términos, pero la Cámara de Diputados donde el oficialismo es mayoría, rechazó la decisión y forzó una sesión conjunta en la que los dos bandos ajustaron los términos legales de las leyes ratificatorias para evitar posibles demandas.

Morales había acusado a la oposición de provocar perjuicios económicos al país por la demora. También la brasileña Petrobras reclamó la vigencia de los acuerdos para evitar un tributo transitorio de unos 30 millones de dólares mensuales creado por el decreto de nacionalización en tanto se aprueben los contratos. El gobierno emitió una norma que obliga a Petrobras, a la hispano argentina Repsol YPFB y la francesa Total a seguir pagando el tributo transitorio que inicialmente tenía una vigencia de seis meses, hasta octubre del año pasado.

Errores de forma en los textos obligaron al Ejecutivo a devolver los documentos al Congreso tras una primera aprobación en noviembre sin el respaldo de la oposición. En medio del debate los opositores denunciaron la existencia de contratos duplicados y la presunta alteración de documentos. Las fallas en los convenios provocaron la renuncia en marzo del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Manuel Morales Olivera quien fue acusado por la oposición de haber enviado al Congreso documentos diferentes a los acordados con las compañías.

AP