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Cientos de campesinos causan destrozos en Perú

Los campesinos portestan por el alto precios de los fertilizantes y piden mayor facilidad para acceder a créditos agrarios.

15 de julio de 2007

Lima_ Cientos de campesinos armados con palos y hondas causaron destrozos el sábado en la ciudad andina de Andahuaylas con el fin de exigir una reducción en el precio de los fertilizantes, mayor flexibilidad para acceder a créditos agrarios y en apoyo a la huelga de profesores.

"Han venido más o menos 1.500 campesinos, entre varones y mujeres, queriendo saquear, rompiendo parabrisas. Han causado daños a la propiedad privada, viviendas, ventanas y puertas, de regular consideración. Además, ha habido heridos leves", informó el técnico Plácido Palomino de la comisaría de Andahuaylas.

Esta ciudad está ubicada en el departamento de Apurímac, a 440 kilómetros al sureste de Lima.

Indicó que estos campesinos, pertenecientes a comunidades aledañas a la ciudad de Andahuaylas, empezaron a llegar desde la mañana y ahora permanecen en la plaza de la ciudad a la espera de que el domingo lleguen otros 1.500 agricultores.

El presidente del gobierno regional de Apurímac, David Salazar, dijo a Canal N que "el asunto está por el momento controlado por la policía" y que el gobierno ya está atendiendo los reclamos de los campesinos.

"Acabo de hablar con los dirigentes que están impulsando esta movilización, ellos ya tienen conocimiento de las coordinaciones que se han hecho con las autoridades del gobierno y en horas de la tarde van a recibir una comunicación del ministro de Agricultura para ver de qué manera se pueda resolver la demanda que ellos tienen sobre los temas que se han planteado", precisó.

A pocos días de que el actual gobierno cumpla un año, ha sido duramente golpeado en julio por una serie de protestas de diversos gremios que han causado desmanes en todo el país, siendo el principal el Sindicato Unico de Trabajadores de Educación del Perú (SUTEP) que el 5 de julio se declaró en huelga nacional por tiempo indefinido.

Los maestros se oponen a una ley que los obliga a ser capacitados por el gobierno y a ser evaluados periódicamente, bajo el riesgo de ser despedidos si reprueban tres evaluaciones consecutivas.

 

 

AP