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China quiere que firmas de telecomunicaciones delaten a usuarios

La definición de secreto de Estado es tan amplia que virtualmente cualquier cosa _ mapas, coordenadas en GPS e incluso estadísticas _ pudieran ser incluidos en la categoría y funcionarios a veces usan la clasificación para no revelar información.

27 de abril de 2010

Bijing.- China se apresta a fortalecer una ley para requerir a las compañías de telecomunicaciones e internet que operan en el país para que informen sobre aquellos usuarios que discutan secretos de Estado, obligando potencialmente a las empresas a colaborar con un vasto aparato de seguridad estatal que sofoca la disensión política.

La medida, reportada el martes por la prensa estatal, se produce en momentos en que China continúa incrementando sus controles sobre los servicios de comunicaciones. Sigue además a una disputa sobre censura que hizo que el gigante de internet Google Inc. trasladase el mes pasado las operaciones de su portal chino a Hong Kong, que garantiza más libertades civiles.

Una propuesta de enmiendas a la Ley del Cuidado de Secretos Estatales presentada a la legislatura hará más explícito el requerimiento de que los proveedores de telecomunicaciones y servicios de internet ayuden a la Policía y los departamentos de seguridad estatal en investigaciones sobre revelación de secretos estatales, dijo el periódico oficial Diario de China.

"Las transmisiones de información deben ser frenadas de inmediato si se determina que contienen secretos de Estado", dice la enmienda, de acuerdo con la agencia noticiosa Xinhua.

La agencia dijo que la enmienda dicta que, una vez se haya descubierto que se han revelado secretos estatales, se debe mantener documentaciones del hecho e informarlo a las autoridades. 

En 2006, Yahoo Inc. fue fuertemente criticado por la prensa y activistas de derechos humanos luego que se conociese que la compañía estadounidense de la internet entregó a las autoridades chinas mensajes electrónicos del periodista chino Shi Tao, que en 2005 fue encarcelado por presuntamente revelar secretos estatales a extranjeros.

AP