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Chevron dice que juicio en Ecuador está viciado

Un grupo de 30.000 pobladores acusa a la compañía de daños ambientales y a la salud, de no cumplir con la mejora ambiental y verter a los ríos y afluentes unos 18.000 millones de galones de aguas tóxicas producto de la explotación petrolera durante sus operaciones en Ecuador entre 1964 y 1992.

3 de septiembre de 2007

Quito.- La petrolera estadounidense Chevron-Texaco denunció el lunes que existen "múltiples errores" en el juicio por daño ambiental planteado por pobladores de la Amazonia y que el juez del caso ha sido "un obstáculo" para un proceso transparente.

La abogada de Chevron, Silvia Garrigó, dijo a la AP que han presentado "numerosas peticiones" denunciando procedimientos irregulares que no obtuvieron respuesta y que los obligó a pedir la recusación del juez Germán Yánez, Presidente de la Corte Superior de Nueva Loja.

"Ha hecho ya un número de cosas, el juez, que son un obstáculo para un proceso transparente, justo, basado en la ley y en pruebas legítimas", aseguró la abogada, que llegó a Quito desde la base de la compañía en San Ramón, Estados Unidos.

Sostuvo que más del 75% de las muestras de campo presentadas por los demandantes "no tienen validez científica, ni legal" porque el laboratorio que las analiza y emite informes no cuenta con la acreditación y competencia necesarias.

Garrigó también argumenta que el perito nombrado por el juez no tiene "la más mínima calificación".

"Tomamos una medida drástica como recusar el juez porque no sólo no está haciendo su trabajo, está mostrando una parcialidad en favor de los demandantes porque está dejando que toda esta farsa siga", afirmó Garrigó.

Actualmente, las autoridades judiciales analizan si la recusación tiene mérito para nombrar otro juez.

Garrigó anticipó que si se emite un fallo contra Chevron "apelaríamos cualquier error que cometa el tribunal inferior y ya sabemos de múltiples errores" cometidos.

Reiteró los argumentos de que Texaco cumplió con sus obligaciones bajo el plan de remediación ambiental y fue certificado en 1998 por el gobierno de entonces y por su contraparte, la estatal Petroecuador.

"Si este caso hubiera sido un caso con base legal y científica, nunca hubieran demandado a Chevron, hubieran demandado a Petroecuador", que era el socio mayoritario en las operaciones de Texaco en los yacimientos ubicados en la selva amazónica, a 180 kilómetros al noreste de Quito.

Consideran como "un gran extorsión en contra de la compañía" el juicio, en el que se pide una indemnización por unos 6.000 millones de dólares.

Los demandantes recibieron en abril, el apoyo público del presidente Rafael Correa, quien visitó algunos sectores presuntamente afectados por la contaminación y fustigó a Chevron Texaco.

 

 

AP