| 8/25/2011 5:40:00 PM

Cementera mexicana se va de Bolivia

El Grupo Cementos de Chihuahua (GCC) de México defendió la venta a inversionistas peruanos de su paquete en la mayor industria cementera de Bolivia en medio de disputas con el gobierno y sus ex socios bolivianos.

La Paz — El grupo mexicano dijo el jueves en un comunicado "que realizó la venta de su participación accionaria en Soboce apegado al marco legal del Estado Plurinacional de Bolivia" y al "acuerdo de accionistas". Aseguró que fue su socio boliviano el que no cumplió con lo establecido en ese acuerdo.

La Compañía de Inversiones Mercantiles SA (Cimsa), que es el socio mayoritario de la Sociedad Boliviana de Cementos (Soboce), anunció el domingo que iniciará una demanda de arbitraje contra GCC porque el grupo mexicano vendió su paquete a terceros incumpliendo un acuerdo de compra preferente en favor de los socios bolivianos.

"Cimsa presentó una oferta de compra a GCC, la cual no cumplió con lo establecido en el acuerdo de accionistas. GCC le informó del incumplimiento a Cimsa, quedando GCC en libertad de vender su participación accionaria en Soboce", dijo el comunicado del grupo mexicano.

La multinacional mexicana vendió sus acciones al Consorcio Cemento del Sur de Perú, sin haber resuelto una controversia con el gobierno del presidente Evo Morales que hace un año expropió acciones de Soboce en la Fábrica Nacional de Cementos SA (Fancesa), ubicada en el sur del país.

Soboce es la mayor industria del ramo en el país y el accionista principal es el empresario Samuel Doria Medina, líder de una fracción opositora al gobierno. Cimsa tiene 51% del paquete en Soboce y GCC tenía 47%. El consorcio maneja cuatro de las mayores cementeras de Bolivia.

Fancesa era propiedad estatal hasta 1999, cuando Doria Medina compró 33% del paquete a nombre de Soboce y tomó la administración de la empresa para colocarla entre las más importantes del rubro.

El gobierno dijo que la reversión del paquete de Soboce en Fancesa tenía el propósito de recuperar empresas que fueron del Estado y que en la década pasada se privatizaron.

Soboce sigue esperando por la indemnización. GCC había pedido públicamente al gobierno de Morales un "pago justo" y estimó en US$ 92 millones el valor de mercado de las acciones confiscadas.

GCC llegó al país hace cinco años y tiene inversiones en México y Estados Unidos. El monto de la venta de sus acciones en Bolivia no ha sido revelado.

AP

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