Cargos contra 28 militares colombianos por ejecuciones extrajudiciales

Bogotá.- De acuerdo con un comunicado de prensa de la Procuraduría, la medida afecta también a dos sargentos segundos y dos cabos, mientras el resto son soldados.

Todos los militares cobijados por la medida estaban adscritos a la Brigada Móvil 15, con sede en Ocaña, Norte de Santander, en donde aparecieron los dos cuerpos.

El documento detalla que el 27 de enero de 2008 "en desarrollo de una operación militar", murieron Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez.

Para el Ministerio Público, los militares investigados "habrían cometido varias faltas, pues al parecer se concertaron para cometer un homicidio en persona protegida, lo encubrieron; obstaculizaron las investigaciones y no denunciaron el hecho".

Entre los militares de más alto rango afectados por la medida está el coronel Rubén Darío Castro Gómez, quien para la época de los hechos era el comandante de la Brigada Móvil número 15.

La Procuraduría también formuló pliego de cargos al teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, oficial de operaciones de la Brigada Móvil número 15, por concierto para delinquir agravado.

La misma formulación recae sobre los mayores Carlos Gilberto Rodríguez Mora, Comandante de la Central de Inteligencia Táctica de la Brigada Móvil número 15, y José Simón Baquero Ramos, comandante del Batallón de Contraguerrillas número 96.

Por el mismo delito también se le formulo pliego de cargos al capitán Henry Mauricio Blanco Barbosa.

Mesa Vargas y Soto Bermúdez son dos de los 11 jóvenes que desaparecieron de Soacha (centro), población aledaña a Bogotá y cuyo caso desató el escándalo de los llamados "falsos positivos", que son ejecuciones extrajudiciales por parte de militares para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios, como días de descanso.

Esos jóvenes desaparecieron en febrero de 2008 y sus restos aparecieron en fosas de cementerios del nordeste de Colombia meses después, cuando se desató el escándalo y se conoció la verdad.

En octubre de 2008, el Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe separó del servicio a tres generales y a otros 24 oficiales y suboficiales de unas unidades militares implicadas en las ejecuciones extrajudiciales y luego presentados como "muertos en combate".

EFE