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Bolivia no conoce pedido de indemnización de Glencore

Glencore también recordó que Bolivia y Suiza firmaron en 1991 un tratado de protección recíproca de inversiones, que el gobierno de Morales habría vulnerado con la nacionalización.

13 de febrero de 2007

La Paz.- El gobierno no ha recibido ningún pedido de indemnización por parte del consorcio suizo Glencore a raíz de la reciente nacionalización de la empresa fundidora de metales Vinto, adquirida en 2004 por la compañía, se informó el martes oficialmente.

El ministro de Minería, José Dalence, dijo a la AP que no se pronunciará mientras no tenga una notificación oficial sobre un comunicado enviado por Glencore a esta agencia el martes respecto de que pedirá una indemnización a Bolivia por la nacionalización y que si el gobierno se niega a pagarla podría acudir a tribunales internacionales.

"Cuando tenga en mis manos ese documento, recién vamos a dar a conocer nuestra posición", dijo Dalence.

Dalence había señalado el fin de semana, después de que el viernes Morales firmara el decreto de nacionalización y atestiguara la toma de las instalaciones de Vinto por parte de un fiscal y decenas de militares, que el gobierno no indemnizaría a Glencore. Indicó que debería dirigir cualquier queja a solicitud a la anterior propietaria de Vinto, uno de cuyos accionistas hasta 2004 fue el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003).

Señaló también a varios medios que el gobierno nacionalizará el resto de las concesiones mineras que Glencore compró a Comsur en Bolivia, en alrededor de 200 millones de dólares. "No tenemos nada que indemnizar y vamos a realizar una auditoría técnica y jurídica hasta establecer responsabilidades penales por la forma en que la fundidora Vinto" fue transferida, dijo el sábado Dalence a la AP.

En su comunicado del martes, Glencore sostuvo que "se reserva el derecho de tomar todas las acciones necesarias para proteger sus intereses", y que esto podría implicar un arbitraje internacional si es que "una compensación total no es pagada pronto".

Según el presidente Morales, el problema se suscitó cuando el entonces mandatario Hugo Banzer vendió Vinto en 1999 supuestamente de forma fraudulenta a la británica Allied Deals en 14 millones de dólares, pese a que en sus depósitos había más que lo pagado en minerales. Allied Deals, también de capitales indios, quebró poco después.

Indicó el viernes, después de la firma en Vinto, 211 kilómetros al sur de La Paz, que Comsur compró, en 2002, la fundidora por seis millones de dólares. De momento no se ha precisado el monto que Glencore pagó a Comsur, pero Morales insiste en que el valor de libros en 1999 de la empresa era de alrededor de 140 millones de dólares.

En el comunicado, Glencore también manifiesta su preocupación por la seguridad de los 450 trabajadores de base de Vinto, contratados por ella, pues al momento estarían trabajando, ahora como empleados estatales, sin la supervisión de expertos. Morales dijo que los empleados tienen garantizados sus empleos y que el viernes podría viajar nuevamente a Vinto para recibir un informe del ejecutivo que nombró como presidente de la empresa sobre el estado de la fundidora, donde se procesa básicamente estaño.

El abogado constitucionalista Carlos Alarcón, ex viceministro de Justicia, dijo a la prensa el lunes que el gobierno en realidad confiscó Vinto, lo cual "no está contemplado en la constitución", al negarse a pagar una indemnización.

Indicó que lo que sí permite la constitución es una expropiación, pagando un "justiprecio", un precio justo.

 

 

AP