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BID da crédito a Argentina para mejorar vida en barriadas

Con los recursos, se espera que el gobierno del presidente Néstor Kirchner mejore las condiciones de vida de unos 250.000 hogares de una forma sostenible, dijo el BID.

31 de enero de 2007

Washington.- El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el miércoles la apertura de una "línea de crédito condicional" de 1.500 millones de dólares para Argentina destinada a mejor la calidad de vida en los barrios más pobres del país.

Argentina podrá disponer de inmediato de 350 millones de dólares para el financiamiento de 100 proyectos y la formulación de otros que serán financiados más adelante.

Este es el mayor crédito que una institución financiera de Washington concede a Argentina desde la crisis financiera del 2002 que prácticamente paralizó al país y puso a más de la mitad de la población nacional por debajo de la linea de pobreza.

Pero Argentina se ha recuperado fuertemente desde entonces y en los tres últimos años ha tenido uno de los mejores indicadores de desarrollo económico de América Latina. Su mejor situación económica le llevó el año pasado a pagar la totalidad de su deuda al Fondo Monetario Internacional de casi 10.000 millones de dólares.

El BID dijo que con el crédito, la Oficina de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Planificación podrá proveer servicios públicos básicos, mejoras de viviendas y construcción de otras, entrega de títulos de propiedad y fortalecimiento del capital social. Beatriz López, líder del equipo de trabajo del BID en el caso argentino, dijo que el 90% de la población nacional vivía en las grandes ciudades, con una fuerte concentración en el área metropolitana de Buenos Aires.

"Pese a esta concentración, los conglomerados de entre 100.000 y 500.000 habitantes crecen rápidamente, dando lugar a problemas de barrios informales o villas de emergencia", declaró. El primer préstamo es por cinco años y requiere una contrapartida argentina de 40 millones de dólares.

La linea de crédito estará abierta por 24 años y su manejo dependerá del gobierno argentino.

 

 

AP