Argentina: Estatización de pensiones abre múltiples interrogantes

BUENOS AIRES  _ La estatización del sistema de pensiones podría convertirse en un arma de doble filo para la presidenta Cristina Fernández: aunque aliviaría la presión financiera, por terminar con ahuyentar a los inversores que ya desconfían de un gobierno que puede cambiar las reglas de juego entre gallos y medianoche.

La ley de estatización, aprobada el jueves en la noche en el Senado por 46 votos a favor y 18 en contra, implica la transferencia al Estado de unos 23.000 millones de dólares en poder de diez Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) además de los 4.500 millones que aportan anualmente los afiliados al sistema privado.

"La estatización alienta muchas dudas sobre qué derechos de propiedad y derechos adquiridos va a respetar el gobierno y cuáles no, lo que reduce las expectativas de inversión no sólo de los grandes empresarios sino también de la gente común", dijo a AP Fausto Spotorno, analista de la consultora Orlando Ferreres y Asociados.

La estatización, que según Fernández busca proteger a los futuros jubilados de la caída en la rentabilidad que han sufrido las AFJP por la crisis financiera global, es interpretada por analistas y opositores como un manotazo destinado a financiar los vencimientos de deuda de los próximos tres años, que suman unos 28.000 millones de dólares.

En un contexto internacional de caída de los precios de las materias primas agrícolas --principal fuente de divisas del país-- y acceso cerrado al crédito, los fondos del sistema privado de pensiones son un salvavidas en medio del mar de dudas sobre la solvencia del país.

Pero no está claro si el gobierno podrá disponer libremente de esos capitales.

"La cartera de las AFJP no es de inmediata liquidez. De todos los recursos que va a incorporar el Estado, sólo 13.000 millones de pesos (unos 3.900 millones de dólares) son de libre disponibilidad. El resto son acciones, bonos, fideicomisos cuya realización (conversión a liquidez) es dudosa", dijo a AP Jorge Todesca, analista de la consultora Finsoport.

"Aunque estos fondos ayuden a las cuentas fiscales los números no cierran. El gobierno no ha mostrado cómo va a financiar los pagos del próximo año", agregó.

Aún si el gobierno lograra disponer libremente de los fondos que a partir de ahora administrará el Estado para cumplir las obligaciones deuda y alejar el fantasma del cese de pagos que desde hace un tiempo sobrevuela Argentina --y que las calificadoras Standard & Poor's y Moody's reflejaron bajando sus notas sobre la deuda soberana--, de todos modos terminará pagando un alto precio por el uso de los ahorros de los jubilados.

"Como las reglas de juego pueden cambiar de la noche a la mañana, el inversor va a acortar el plazo y procurar una alta rentabilidad, por lo que va invertir en negocios en los que el recupero sea a corto plazo. No va a haber inversiones a mediano y largo plazo", advirtió Spotorno.

La estatización ya mostró su efecto negativo: un día después del envío del proyecto al Congreso, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tocó su mínimo en cuatro años y el índice EMBI+ del banco JP Morgan --que refleja el nivel de sobretasa que pagan los bonos argentinos frente a sus similares de Estados Unidos-- superó los 1.900 puntos básicos.

Las AFJP cumplen un rol fundamental en el mercado de valores local: vuelcan íntegramente a las operaciones bursátiles su recaudación mensual y casi el 70% de su cartera de inversiones está compuesta por bonos y acciones. Los inversores temen que con el traspaso de esos fondos al Estado, el mercado pierda a su principal operador.

"En octubre la fuga de capitales alcanzó 4.000 millones de dólares, monto que difícilmente se reincorpore al circuito financiero. Sólo una reversión de expectativas puede mitigar el daño causado", sostuvo la consultora Ecolatina en un informe reciente.

Sin embargo, el estilo de gobierno que Fernández heredó de su antecesor y esposo Néstor Kirchner --en el que las medidas se toman intempestiva y unilateralmente-- hace difícil prever una recuperación de la confianza.

La estatización del sistema privado de pensiones es la última de una serie de decisiones que revelan el poco apego del matrimonio Kirchner a la seguridad jurídica.

"Argentina ha venido tomando una serie de medidas poco amistosas hacia los inversores durante el gobierno de los Kirchner. Estamos ante una salida de capitales. La sanción de la ley va a acentuar un proceso que ya está en marcha", concluyó Todesca.

(AP)