| 8/23/2010 4:50:00 PM

504 familias raizales de San Andrés le apuestan a la legalidad

Acción Social entrega incentivos económicos condicionados por $113 millones para las 504 familias isleñas que se capacitan en pesca artesanal, apicultura, agricultura y artesanías. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) certificó su compromiso en la legalidad y productividad.

Bogotá.- Un total de 504 familias raizales que le apuestan a la legalidad y a la productividad en el archipiélago de de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se benefician con recursos por $113 millones girados por la Agencia Presidencial Acción Social, a través del proyecto ‘Seaflower Keeper’.

Esta iniciativa es coordinada por el Programa contra Cultivos Ilícitos que lidera la Agencia, y en la isla ha generado opciones lícitas a través de diferentes líneas productivas como pesca artesanal, apicultura, agricultura y artesanías.

Los raizales que en el pasado eran considerados como población vulnerable al narcotráfico y con escasas opciones de desarrollo, luego de un año de capacitación e incentivo económico condicionado han logrado mejorar sus ingresos económicos y su calidad de vida.

Los recursos girados por Acción Social son destinados a la inversión en el núcleo familiar y a fondos de apalancamiento de proyectos productivos. Hacen parte de un componente social, de incentivos económicos condicionados, que se les entrega a las familias cada dos meses y es posterior al cumplimiento de requisitos entre los que se encuentran no adelantar actividad ilegal alguna, asistir a las capacitaciones que ofrece el programa y trabajar en la estructuración de un proyecto productivo integral y sostenible.

Precisamente, muchos de ellos ahora cuentan con iniciativas productivas a mediano y largo plazo, con las que esperan convertirse en empresarios y generar empleo para su comunidad.

Las familias beneficiarias, que son verificadas bimestralmente por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), recibieron el aval y la certificación por parte de este ente neutral como familias productivas que le apuestan a la cultura de la legalidad en Colombia.

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