¿Y el turno de la coca?

La paradoja de nuestra lucha contra el narcotráfico es que más de 40 años matándonos para acabar con la producción y tráfico de estupefacientes, acorde con la visión de la generalidad de países consumidores sobre el problema, hoy unilateralmente algunos de dichos países estén adoptando políticas de bajas penas frente a los narcos arrepentidos (eso sí, sujeto a la entrega de bienes fruto del negocio) y de un marco de liberalización del uso de la marihuana.

Más paradójico, sin embargo, es que los Estados Unidos sean ahora un gran productor de la yerba y algunos de sus estados se hayan abierto a permitir usos aun recreacionales, dejando claro que ya no es problema como antes que se produzca fuera de sus fronteras, pues son autosuficientes.

Visiones que resultan menos moralistas y más pragmáticas para un problema que sustancialmente deriva de la decisión de un individuo de usar drogas, en un entorno social que no le ha enseñado a valorar y amar la vida misma, o no le ha informado adecuadamente de los riesgos de su decisión y ha dejado de lado el papel de la familia para crear un ambiente de protección y promoción de la autoestima.

Las soluciones conservadoras al problema, producto del puritanismo sesentero que pretendía aplacar la revolución hippie de la época, consideraron que el papel del Estado era proteger al individuo alejándolo del mal y desconociendo aun su decisión individual, condenando todo lo que implique el acceso a las drogas y salirse de dicha visión, incluyendo la discusión de si aquella es correcta. Algunos estados hoy simplemente imponen la pena de muerte.

Una solución liberal, de otro lado, dejaría en manos del individuo la decisión de consumir o no drogas, asumiendo las consecuencias de dicha decisión y sin intromisión alguna del Estado.

Todo extremo resulta inconveniente y ello llevaría a entender que el Estado no puede desconocer la realidad de que el libre albedrio existe (salvo que ciertos credos exitosamente lo repriman o anulen), y existe responsable o irresponsablemente, por lo que el papel del Estado no debería ser negar la realidad sino asegurar un entorno seguro que proteja al individuo de los efectos de su decisión de consumir drogas. Igual o mejor al que existe para el consumo del alcohol y el cigarrillo.

Que si eso implica legalización de las drogas, pues no, no se puede generalizar ya que depende de muchos factores, entre otros la clase de estupefaciente, pero en el caso de la marihuana parece haberse impuesto una respuesta entre países consumidores, que ha hecho carrera, especialmente en países que no han jamás sufrido los efectos propios de ser un país productor.

La decisión del Gobierno de reglamentar la explotación de la marihuana con fines medicinales el pasado diciembre, un uso legítimo que había sido negado por la visión conservadora que satanizó la planta, parece plausible pues devuelve la misma al nivel que le corresponde en el mundo científico como elemento medicinal y parece coherente con una visión mesurada de levantar la prohibición pero para reglamentar y no liberalizar.

La reglamentación expedida crea un negocio interesante igual al que puede existir con otros productos naturales, pero no es el mismo de los marimberos de los setenta sino que deberá implementarse dentro de estrictas medidas de seguridad que impidan otros usos. Al menos en el papel.

Como negocio medicinal será objeto de control de calidad, plena identificación de sus actores y rastreabilidad de su proceso productivo, permitiéndose autocultivos de hasta veinte plantas sin necesidad de licencia, lo cual anticipa la quiebra de los traficantes del caso y la reducción sustancial del precio.

El análisis sobre la hoja de coca debería ser equivalente. Dicha planta tiene orígenes nobles y usos tradicionales que hoy son restringidos absolutamente a los resguardos indígenas, privando a la sociedad de los inmensos beneficios medicinales y alimenticios que ofrece la hoja.

La visión conservadora de los años sesenta satanizó esta planta exigiendo hasta la prohibición de la masticación de la hoja (como lo exigía la Convención de la ONU sobre Estupefacientes) y la erradicación total de la planta, solución que hoy parece no haber dado mayor resultado en la medida que su cultivo sea la mejor opción para los cultivadores y no haya otra opción para ellos que venderla a los narcos.

La cuestión es simple: Si el cultivador de coca puede vender su producto a quien la emplee legalmente para fines medicinales y nutricionales, bajo un esquema real de supervisión, ¿porqué venderla a los narcos?

Se abre el debate.

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