Enrique Peña Nieto, presidente de México. | Foto: AFP

LATINOAMÉRICA

México, ¿sin vuelta atrás?

De acuerdo con el Gobierno de ese país, se alistan una serie de reformas que prometen acabar con los monopolios empresariales y prácticas que atentan contra el desarrollo económico mexicano.

7 de abril de 2015

La violencia, el narcotráfico y el conflicto de intereses son algunos de los fenómenos que han hecho mella en la economía mexicana, y que se suman a los factores determinantes para que el Gobierno de ese país anunciara sendas modificaciones en las instituciones del Estado y las reglas de juego para los empresarios.

A tal grado ha llegado la corrupción que con los índices actuales se reduciría en un punto porcentual el crecimiento de la economía mexicana a 2018. Por lo que el Gobierno ha prometido prontas reformas, entre ellas, romper el largo monopolio de siete décadas de la petrolera estatal Pemex.

La brecha entre México (puesto 103 entre 175 países) y las principales economías con las que comercia y compite se amplía más, pues sigue siendo el país con la puntuación más baja de Transparencia Internacional entre los países de la OCDE.

De acuerdo con el informe, en América Latina, más de 30 posiciones separan a México de Brasil, su principal competidor económico en la región. México obtuvo muy baja calificación frente a Chile por lo que se se encuentra a 82 puestos del país austral, 18 de Perú y a 9 de Colombia.

Causantes


A nivel local, "la corrupción permite que las bandas criminales capturen las instituciones públicas," señaló Transparencia Internacional. A nivel nacional, se ha acusado al propio presidente de múltiples conflictos de interés. Lo más preocupante es que muchas multinacionales aceptan la corrupción como un costo desafortunado de hacer negocios. Por ejemplo tribunales estadounidenses condenaron al banco británico HSBC con US$1.900 millones por permitir posibles actividades que involucran la administración de dineros del narcotráfico así como al minorista estadounidense Wal-Mart con US$439 millones por sobornar a funcionarios.