Según El Tiempo y las declaraciones de varios funcionarios de la Procuraduría y del Ministerio de Agricultura, el Gobierno decidió cambiar la destinación de 17.000 hectáreas de tierra en el Meta que en un principio iban a ser destinadas a desplazados por la violencia. La idea del Gobierno consiste en dar en concesión la tierra para que sociedades privadas la exploten con cultivos de caucho, palma o maderables durante 50 años.
Como es obvio, la noticia ha caldeado los ánimos de
muchos que consideran que el cambio de destinación es inhumano e injusto (incluso señalan de mala fe que la cosa tiene relación con los paramilitares) . Sin embargo, resulta interesante analizar el tema de manera menos apasionada.
En el caso de este terreno el gobierno tiene varias opciones que giran en torno a dos ideas extremas. La primera es intuitiva y consiste simplemente en dividir el lote en 700 parcelas de 15 hectáreas y entregarlas tituladas a las familias desplazadas. La otra consiste en dar en concesión el terreno para que privados inviertan y la exploten.
Si se adopta la primera opción en su forma pura, es decir, sin otorgarle subsidios a los desplazados para la infraestructura y la siembra de cultivos. Estas personas a duras penas podrían autosostenerse y el proyecto fracasaría estrepitosamente. Si deciden, por ejemplo, subsidiar la siembra de caucho para beneficio de dichas familias, la inversión inicial sería cercana a los cuarenta mil millones de pesos y se deberían destinar subsidios directos para el sostenimiento de las familias durante los cinco primeros años (hasta que el caucho pueda explotarse). Si el cultivo funciona, cada familia recibiría
ingresos mensuales cercanos a los quince millones de pesos durante 30 o más años.
En el otro extremo está la propuesta del Gobierno, el cual busca lograr una renta fija de la concesión del terreno que seria supuestamente destinada a los desplazados en general. El primer problema es que el Gobierno le habría faltado a su palabra a los desplazados escogidos (lo cual mina la legitimidad y seriedad del gobierno) y el segundo, que las rentas irían al tesoro nacional y no necesariamente a los desplazados. Lo bueno de este modelo es que generaría cerca de 2500 empleos a gente de la región sin necesidad de que el Estado invierta o arriesgue un solo peso.
Como en todo, hay muchas experiencias intermedias que podrían aplicarse. Por ejemplo, podría aplicarse el modelo de los laboratorios de paz en donde el gobierno pone la tierra, los campesinos se organizan en cooperativas y son contratados por una sociedad privada que se encarga de las inversiones de capital. Como todo, tiene problemas -sobre todo de coordinación-, pero es una opción menos ingenua que la primera y menos abusiva que la segunda.
CODA: El anterior Post no fue muy bien recibido por los encargados de la revista, quienes consideran que -en palabras mias- la ropa sucia se debe lavar en casa. Respeto sus argumentos y los considero lógicos. Sin embargo, creo que es importante reflexionar sobre el papel, los límites y las características que deben o deberían tener estos espacios.