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El perverso negocio de las billonarias demandas al Estado

El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez, explicó a Dinero la problemática que atraviesa el país con relación a las cuantiosas demandas, que en algunos casos alcanzan a ser billonarias, en contra del Estado colombiano.

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Billonarias demandas contra el Estado colombiano alertan actualmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) que según su director, Luis Guillermo Vélez, son utilizadas por personas inescrupulosas que ven el sistema un coto de caza y una fuente de abuso.

Según cifras proporcionadas a este medio por Vélez actualmente el Estado colombiano enfrenta aproximadamente 500.000 demandas en su contra, de las cuales la mitad, 250.000, se tramitan ante el Contencioso Administrativo y la otra parte ante la Justicia Ordinaria.

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Vélez afirma que parte de las demandas tramitadas ante el Contencioso son principalmente laborales, cuyas pretensiones oscilan entre $1.000.000 y $5.000.000, añadiendo que de la totalidad, estas logran ocupar tres cuartas partes, aproximándose a los $12 billones.

“Las otras demandas, las frívolas y exageradas, suman aproximadamente $300 billones, impulsadas por una industria que ve en el Estado un coto de caza”, concluye Vélez.

Dentro de los ejemplos de estas demandas billonarias Vélez cita el caso de uno en el cual el Estado ha sido condenado por $2,1 billones para atender un presunto grupo de víctimas en la ciudad de Sincelejo. El abogado David de Jesús Fajardo Cardozo por iniciar esta demanda tendría una recompensa que equivale a $210.000 millones, “una tercera parte de todo el presupuesto nacional de este año destinado a las víctimas”, afirma Vélez.

Recientemente Dinero conoció que el 4 de junio del presente año el Tribunal Administrativo de Sucre revocó dicha sentencia evitando que este abogado se quedara con los honorarios anteriormente citados por la demanda.

Otro caso que este medio dio a conocer en un artículo publicado en su versión impresa es el de la abogada Ana Karina Pacheco quien demandó a la Nación por $14,4 billones alegando daños al medio ambiente, impactos negativos al turismo y afectación del trabajo de los pescadores de la zona como consecuencia del derrame petrolero de 69 barriles en el Golfo de Morrosquillo en el año 2015.

El director de la Andje afirma que esta abogada “pretende que el Estado colombiano indemnice a las víctimas del derrame de 69 barriles de petróleo con un valor equivalente al del Exxon Valdez”, cuyo vertimiento fue de 250.000 barriles y la demanda que le correspondió a esta empresa fue de US$5.000 millones.

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En total las demandas que esta abogada ha liderado se aproximan a los $39 billones, por lo que la Andje radicó ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la primera queja contra un abogado por posibles conductas irregulares.

Según lo comunicado por esta entidad a Dinero estas acciones se caracterizan porque las pretensiones son infundadas y exageradas, sin sustento fáctico o normativo.

Dentro de las principales preocupaciones que tiene esta agencia es que estas pretensiones económicas  se acercan al 50% del Producto Interno Bruto del País (PIB), lo que al entrar en la contabilidad de la nación y en sus cuentas fiscales como un pasivo contingente afecta la calificación de riesgo del país.  

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