| 2/7/2011 5:10:00 PM

Vuelve la tormenta

La rebaja en la calificación de Japón y los problemas con las cajas de ahorro españolas están reavivando los temores de una nueva crisis global de la deuda.

El pasado 28 de enero, Moody's y Standard & Poor's bajaron la calificación crediticia de Japón de AA a AA-. Esto no significa que Japón esté en peligro inminente de un colapso financiero, pero envía una señal al mercado de que hoy existe un mayor riesgo de invertir en un bono japonés. Entretanto, los problemas de solvencia de las cajas españolas no dan tregua y, de agudizarse, crecerían los temores de un recrudecimiento de la crisis de la deuda europea.

Japón tiene el mayor nivel de endeudamiento público de cualquier país industrializado como porcentaje del PIB. De hecho, tras la debacle nipona de diez años atrás, la deuda japonesa se sitúa actualmente en casi el doble del PIB de la nación. Con ello, la decisión de Moody's incrementa la probabilidad de que Japón tenga que pagar un mayor rendimiento en la emisión de bonos en el futuro, aumentando el costo de los préstamos a la nación japonesa y agudizando los temores de una nueva recesión en la economía global.

Pero si en Asia las cosas no pintan bien, en Europa el panorama no es más promisorio. La salud del sistema financiero español y su saneamiento es algo que marca el ritmo de los mercados financieros en todo el mundo. Por ello, la decisión que tomó el gobierno español a finales de enero de inyectar miles de millones de euros a las cajas de ahorro para forzarlas a adoptar estructuras más transparentes ha sido bien recibida en las bolsas globales.

El presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que esta medida equivale a un reconocimiento de que "los esfuerzos previos para sanear las finanzas del sector han, en su mayor parte, fracasado". Y afirmó que espera que la iniciativa disipe las dudas de los inversores sobre la salud de la economía.

Según el diario Financial Times, la intervención del gobierno español en las cajas de ahorro es "vital para solucionar la crisis de deuda soberana de la eurozona" y destaca que Rodríguez Zapatero "se está quedando sin opciones", tras haber intentado ya solucionar la situación con las fusiones de cajas, la intervención de alguna de ellas o el cambio de la Ley sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (Lorca).

La idea de España es atraer inversionistas extranjeros para que compren participaciones en estas entidades, pero se teme que las cajas no estén en condiciones para atraer capital privado. Los principales analistas internacionales han recomendado a las cajas vender sus participaciones industriales para volver a su negocio tradicional, el de corporaciones de ahorro y vivienda.

Plan de rescate

El gobierno de Rodríguez Zapatero anunció que las entidades financieras españolas adelantarán en cinco años el cumplimiento de Basilea III y exigirá a bancos y cajas un ratio de core capital mínimo del 8%. Las entidades que no alcancen dicho ratio deberán comunicar al Banco de España el plan para hacerlo y contarán con un plazo hasta otoño para lograr este ratio de capital, según anunció en una rueda de prensa la ministra de Economía española, Elena Salgado.

La inyección de capital en las cajas se elevará como máximo a 20.000 millones de euros, según Salgado, muy por debajo de los estimativos previos del mercado. La Ministra aseguró que siguiendo este parámetro ninguna entidad tendrá problemas para superar los stress test. Asimismo, anunció que a lo largo del mes de septiembre el Banco de España analizará la perspectiva para que las entidades cumplan este objetivo y autorizará la concesión de ayudas para aquellas que no lo consigan.

Aquellas entidades financieras, bien sean cajas o bancos, que no cumplan con el requisito de ratio de core capital del 8% antes de septiembre serán nacionalizadas. La medida se producirá en aquellas cajas que no alcancen el umbral máximo de capital que las entidades financieras necesitarán a partir de ahora, y que ha quedado situado en el 8% de sus activos ponderados por riesgo, porcentaje que podrá ser superior para las entidades que no coticen o que no tengan presencia significativa de inversores privados y cuya dependencia de los mercados financieros sea superior a 20% de sus activos.

Las cajas de ahorro tienen hasta el 28 de febrero para comunicar al Banco de España si cumplirán el ratio de capital del 8% exigido. A partir de ahí, el organismo supervisor cuantificará qué cajas no cumplen con este requisito y cuánto capital necesitan. Las entidades tendrán plazo hasta otoño para capitalizarse. A finales de septiembre, el Banco de España hará un nuevo análisis sobre qué entidades finalmente no conseguirán llegar hasta este nivel y decidirá entonces su intervención en estas entidades.

Reforzar y restaurar la confianza en el sistema de bancos y cajas españolas puede tener consecuencias negativas. La decisión del Gobierno de inyectar adicionalmente hasta 20.000 millones de euros, como máximo, añadidos a los 11.800 millones ya comprometidos sitúan en 32.000 millones las necesidades totales de dinero público-privado para el sector, podría provocar una nueva moderación del ajuste de los precios inmobiliarios. Estos permanecen apenas un 15% por debajo de los máximos alcanzados en la cima de la burbuja en abril de 2007, mientras en países como Estados Unidos o en el Reino Unido, las caídas en el valor de los inmuebles ha llegado a superar el 40%.

No obstante lo anterior, los empresarios ibéricos han afirmado que los seis meses que ha dado el Gobierno de plazo para que las entidades financieras se recapitalicen es demasiado amplio. Además, han insistido en que se deben cambiar los dirigentes de las cajas y han expresado la urgencia de incorporar profesionales a las mismas.

Pero la situación continuará siendo delicada por un buen periodo de tiempo adicional, alimentando la incertidumbre en los mercados financieros globales. A 31 de enero, las cajas de ahorro que habían evaluado su situación para cumplir con la petición del Banco de España de transparencia respecto al riesgo inmobiliario al que están expuestas, arrojó resultados preocupantes. Los cinco grupos de cajas que hasta ahora han publicado esta información reconocen una exposición superior a 56.000 millones de euros y aún faltan por publicar las cifras las dos más grandes, la Caja Madrid-Bancaja y La Caixa.

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