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La Confederación Nacional de Mineros, que encabeza la paralización, asegura que al menos dos millones de familias viven de la minería tradicional a pequeña y mediana escala de oro, carbón, y arenas, entre otros, y que carecen de los recursos para poder obtener las licencias.

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Vías bloquedas y protestas por todas partes

Mineros artesanales mantenían un bloqueo vial en la carretera hacia uno de los principales puertos colombianos del Pacífico, mientras trabajadores de una de las minas de carbón más grandes aprobaron ir a huelga.

18 de julio de 2013

Los mineros artesanales entraron el miércoles en un paro indefinido en reclamo de la derogación de varios decretos, principalmente uno de octubre del 2012 que permite a la policía destruir equipos y maquinarias que estén en sitios de explotación que carezcan de títulos y licencias.

La Confederación Nacional de Mineros, que encabeza la paralización, asegura que al menos dos millones de familias viven de la minería tradicional a pequeña y mediana escala de oro, carbón, y arenas, entre otros, y que carecen de los recursos para poder obtener las licencias, que requieren el pago de ingenieros y profesionales para determinar la zona de explotación, entre otros requisitos legales. Mineros calculan que una licencia ambiental de explotación puede costar el equivalente a entre 21.000 y 26.300 dólares.

El presidente de la Confederación, Ramiro Restrepo, dijo vía telefónica el jueves que en el paro participan por lo menos 250.000 personas en al menos 18 de los 32 departamentos del país y que algunos de ellos bloquearon desde la víspera la vía hacia el puerto de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca. Restrepo dijo que por el momento no tienen previsto ningún encuentro con autoridades para intentar resolver el paro, mientras el gobierno mantiene que no puede abolir el decreto, pero que sí está dispuesto a trabajar en la formalización de los mineros y discutir formas de facilitarles ese proceso.

El sindicato de trabajadores de la minera estadounidense Drummond aprobó la noche del miércoles ir a huelga por desacuerdos con la empresa sobre su contrato laboral, aseguró el jueves Edgar Muñoz, vicepresidente de Sindicato Nacional de la Industria Minera y Energética (Sintramienergética). Por las leyes laborales colombianas, tras la aprobación de la huelga debe transcurrir un período de 10 días hábiles para comenzar el paro, si es que antes no hay un acuerdo con la empresa, explicó Muñoz en entrevista telefónica. De allí que la huelga sólo podría comenzar a inicios de agosto, aseguró.

Drummond, que explota una mina abierta de carbón en el departamento de Cesar en el extremo norte del país y es la segunda exportadora de carbón en Colombia, tiene al menos 3.000 trabajadores afiliados al sindicato y al menos otros 5.000 tercerizados, según Muñoz. Entre las demandas del sindicato están ajustar en 10% su salario promedio mensual actual que es de unos tres millones de pesos (unos 1.570 dólares), así como beneficios en salud y seguridad industrial. La empresa, dijo Muñoz, ofrece un ajuste de 4,5%.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se encuentra acosado por una serie de paros, el primero de ellos comenzó el 11 de junio por parte de campesinos del Catatumbo, una región del noreste del país y que demandan detener la destrucción de cultivos de coca y declarar aquella región como una "zona de reserva campesina". Santos ha dicho que no negociará bajo presión y exige que los campesinos levanten un bloqueo de carretera que mantienen en Tibú, un poblado de unos 40.000 habitantes y que es el epicentro del Catatumbo.

A la protesta de los campesinos, se sumó el paro de mineros, mientras gremios como el de los cultivadores de café debaten si también van a una huelga a partir del 19 de agosto en busca de ayudas prometidas por el gobierno a inicios de año.

El senador Juan Carlos Vélez, del oficialista Partido de la Unidad Nacional o Partido de La U, pero abierto crítico de Santos, dijo telefónicamente que "el gobierno ha dejado avanzar mucho el tema de los paros, no ha intervenido antes de que esto se dé. Por ejemplo, había amenazas del paro minero desde hacía mucho tiempo, había amenazas de paro cafetero, hay amenazas de muchos paros y el gobierno no es capaz de resolverlos antes de que esto estalle".

Con excepción del "vicepresidente Angelino Garzón, el gobierno no tiene gente que sea capaz de manejar este tipo de problemas. Cuando interviene el vicepresidente, ya es demasiado tarde", añadió Vélez. "El gobierno no es proactivo sino reactivo. No toma las medidas antes de que las cosas estallen... deja desbordar los problemas cuando son pequeños y fáciles de manejar", indicó.

El senador Roy Barreras, indicó vía telefónica que aunque la protesta del Catatumbo y el minero no sean directamente obra y decisión de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sí las están estimulando con la idea de generar un respaldo popular a las negociaciones en La Habana, donde entre otros temas se negocian temas agrícolas y combate al narcotráfico.

En el caso del Catatumbo, Barreras opinó que las FARC infiltraron la movilización.

"Hay una estrategia equivocada de desestabilización general que pretende estimular movilizaciones para imaginar con eso respaldo político a quienes negocian en La Habana. Ese es un error muy grande porque lo que hace es restarle fuerza política a la voluntad de paz del gobierno nacional", dijo el congresista. "No se puede mantener abierta la mesa de La Habana mientras la estrategia de quienes azuzan esos paros sea incendiar el país. Los paros, como los incendios, se propagan rápidamente pero sólo dejan devastación. Es importante que la gente (en las manifestaciones) entienda que está siendo idiota útil de quienes finalmente son señores de la guerra".


Ap/D.com