| 6/16/2011 4:05:00 PM

Transmilenio por la séptima requiere adiciones por $6.000 millones

La Personería de Bogotá anunció que abrirá una investigación disciplinaria por los sobrecostos que se han generados en esta obra. El IDU la adjudicó desconociendo el estado de las vías y el contratista también falló en sus cálculos y solicitó casi seis meses de prórroga.

De acuerdo la veeduría que el IDU no tuvo en cuenta el estado en que se encuentran actualmente las vías por las que se desviará el tráfico mientras se desarrollan las obras. Es el caso de la Avenida Circunvalar que, desde años atrás, viene registrando problemas por deslizamientos que en los últimos días se han acrecentado por la ola invernal.

Otro caso es el de las Carreras 16 y 17 que fueron sometidas a revisión profunda de la estructura de sus pavimentos, tras lo cual se determinó que esas arterias debían ser reforzadas pues no eran aptas para soportar el tráfico vehicular. Esa circunstancia hizo precipitar un incremento en los costos y el tiempo de ejecución del contrato, factor que retrasó notablemente la ejecución de las obras en la Séptima, con el consecuente traumatismo para la movilidad de los bogotanos.

La Personería anunció que abrirá investigación disciplinaria por presunta violación al régimen de contratación, pues al valor del contrato fueron adicionados $6.000 millones para atender lo solicitado por la Secretaría Distrital de Movilidad, en relación con la adecuación de vías de desvíos y obras de mitigación que, a pesar de ser muy importantes para la movilidad mientras se realizan las obras de la Séptima, no hacían parte del contrato.

También hay líos con las redes de SS.PP.

Destaca igualmente el informe que la Administración también desconoce el estado de las redes de servicios públicos en el área de construcción, es decir desde la Calle 34 hasta la Calle 72 y por ésta hasta la Avenida Caracas. Dice que los informes de interventoría mencionan avances en la identificación del estado de las redes secas y húmedas, pero no registran ningún pronunciamiento de las empresas de servicios públicos. Específicamente, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá solicitó la renovación del 85% de las redes principales de alcantarillado, así como la renovación de los pozos de inspección de las redes domiciliarias, la renovación de las redes menores de acueducto y la posible renovación de la red matriz de 16 pulgadas existente, que pertenece a la línea San Diego, lo cual requerirá adicionar recursos cerca ed $15.000 millones y ampliar el plazo en seis meses. Esto indica que tampoco hubo coordinación interinstitucional al momento de planear las obras y suscribir el contrato.

Otro aspecto que resalta el informe de veeduría es la intervención que se hará al espacio público sobre las zonas de influencia de las estaciones proyectadas, pues los trabajos que se hagan en las redes secas deben ser continuos y no limitados a ciertas áreas, hecho que seguramente generará problemas en los espacios que se encuentran fuera de esas zonas.

 
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