| 7/29/2014 5:00:00 AM

¿Trae ventajas abolir el servicio militar obligatorio?

Anif hace un análisis de los beneficios que traer la abolición del servicio militar, a esto le suma el trabajo de resocialización de prisioneros y cómo reducir su manutención.

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, hace un análisis de las ventajas que traería la abolición del servicio militar obligatorio en Colombia, partiendo de la propuesta de campaña del Presidente Santos, y de cómo se podrían reducir los costos de manutención de los prisioneros.

Señala Anif que en las últimas semanas de la campaña que llevó al candidato-presidente a consolidarse como Santos II (2014-2018), se escuchó su compromiso con profesionalizar aún más la fuerza pública, eventualmente llegando a desmantelar el obsoleto esquema del servicio militar obligatorio.

Para la asociación este “acertado planteamiento” va en línea con lo que había planteado semanas atrás, cuando expresó que en Colombia existían las siguientes opciones: i) todos deberían prestar servicio militar obligatorio; ii) algunos deberían ir si por “lotería” son seleccionados; o iii) solo deberían ir aquellos que “voluntariamente” quieran hacerlo y el resto debería pagar un impuesto por no tener que asistir compulsivamente al ejército.

Para Anif la opción i) ha sido prácticamente abolida en el mundo, salvo en países con permanentes amenazas en su seguridad externa, como el caso de Israel. La opción ii) es la que se continúa aplicando en Colombia, la cual es bastante sub-óptima frente a la opción iii), que se ha vuelto la práctica común para países en paz. En efecto, Estados Unidos decidió abolir, hace más de 30 años, el servicio militar obligatorio. En dicho debate jugó un papel central la posición adoptada por el premio Nobel de Economía Milton Friedman, quien siempre argumentó que el óptimo consistía en crear un ejército de profesionales, bien mantenido y con los incentivos claros, mientras el resto de la sociedad debería pagar para sostenerlo. Holanda, Bélgica y, más recientemente, Francia (1997) han avanzado en esta dirección. Alemania, Italia y Portugal mantienen el servicio militar obligatorio, pero este representa menos del 15% del pie de fuerza. En América Latina se tiene que Argentina, Uruguay y Nicaragua han avanzado hacia la eliminación del servicio militar obligatorio.

Añade la institución que un elemento complementario y clave en nuestro planteamiento es que existen otras formas más productivas de organizar “servicios sociales”, en algunos casos obligatorios, para mejorar la productividad de nuestros profesionales.

Explica también que en medicina ha existido por décadas el llamado “año rural”, a través del cual esos profesionales prontos a graduarse aportan de forma importante a la salud en zonas recónditas de Colombia. Los abogados también tienen la obligación de “barandear” un rato y asi obtener su cartón, gracias al llamado “consultorio jurídico”, de gran ayuda a tantos pobres indefensos en medio de líos jurídicos relacionados con estafas o amenazas a sus propiedades o integridad física, que bien pueden terminar en la cárcel en ausencia de dicha asesoría jurídica. Inclusive en algunas facultades de economía se han establecido de forma voluntaria esquemas de “año-Colombia” en los cuales los estudiantes aportan sus conocimientos al planeamiento-económico en municipios pobres.

En su análisis, Anif impulsa la idea de habilitar como válidas las tareas de “acompañamiento poscarcelario” que pueden realizar numerosos profesionales y de esta manera lograr la re-socialización de delincuentes que, tras cumplir sus penas, tienen una alta probabilidad de re-incidir por carencia de oportunidades y de asesoría profesional “para la vida”.

Por ejemplo, en Estados Unidos las estadísticas carcelarias indican que cerca de un 40% de los presos reinciden delincuencialmente antes de tres años. Pero en aquellos Estados donde se ha implantado esquemas de salida temprana con “condicionamiento” de buen comportamiento (el llamado parole o probation) y se les proveé la adecuada asesoría-cercana (como un compromiso de uno-a-uno), la probabilidad se puede reducir significativamente, hasta en un 30%

En términos de beneficios costo-efectivos las ganancias son impresionantes: mientras que mantener un preso cuesta cerca de US$60/día, supervisarlos efectivamente fuera de la cárcel (habiendo ya pagado una porción significativa de su condena) se reduce a sólo US$3/día.

Sugiera entonces, que la idea en Colombia sería entonces replicar este esquema, donde los “supervisores” de salida temprana se  apoyaran en los estudiantes-profesionales que prestarían su servicio-social monitoreando y guiando a los presos que acaban de salir bajo “condicionamiento” de buen comportamiento.

Si bien Colombia continúa siendo uno de los países más violentos del planeta (33 homicidios por cada 100.000 habitantes frente a la tasa de 2 en España), se tiene la paradoja de tener una baja tasa de encarcelamiento (solo de 170 presos por cada 100.000 habitantes frente a los 750 de Estados Unidos o los 164 de España) y con hacinamientos del 56% y en ascenso.

Pero lo peor es que esas cárceles no rehabilitan, sino que son  escuelas de delincuencia (en algunos casos con Ph.D. incluido en narcotráfico, guerrilla y paramilitarismo). En síntesis, a Colombia le urge trabajar en los temas de la Rama Judicial. Entre los ya mencionados por  Anif a lo largo de los últimos años (reforma al sistema de nominación de las Cortes e instauración de la “última instancia” en cabeza de la Corte Constitucional), es vital una reorganización del sistema carcelario.

Finaliza destacando cómo se pueden complementar la profesionalización de la fuerza pública con el establecimiento de “servicios sociales” obligatorios y voluntarios volcados sobre mejoramientos del sistema carcelario, pos-cumplimiento de las penas parcial o totalmente.

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