| 6/9/2011 10:20:00 AM

Terreno minado

Dinero revela nuevas irregularidades en el otorgamiento de títulos mineros en el país. Se trata de dos casos que podrían terminar en millonarias demandas.

El país apenas está asimilando las malas noticias acerca de gravísimas irregularidades en la salud, las obras públicas y el agro. Ahora le toca el turno al Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), responsable de adjudicar títulos mineros; esto es, "escriturar" las tierras con potencial minero en todo el país.

Dinero pudo documentar dos casos que son apenas el abrebocas de una verdadera caja de Pandora en una de las principales locomotoras de la administración Santos.

El primer caso se refiere a una de las más grandes compañías mineras del país, la firma Prodeco, subsidiaria de la multinacional suiza Glencore. El ministro Carlos Rodado se refirió al tema durante la rueda de prensa en la que reveló las irregularidades del Ingeominas.

Prodeco consolidó su operación minera en una zona del Cesar de 2.800 hectáreas, conocida como la mina La Jagua. Los problemas empezaron a finales de 2006, cuando apareció un título minero de tres hectáreas a nombre de Jorge Maldonado Mestre, un ex funcionario de los antiguos Minercol y Carbocol. El problema es que el área quedaba ubicada en el centro del área de Prodeco.

La compañía nunca se enteró de la presencia de ese pequeño título. Para Prodeco era insólito que de la noche a la mañana apareciera alguien con tres hectáreas en medio de una zona equivalente a 3.000 campos de fútbol.

Prodeco acudió a las autoridades para impedir que le fuera adjudicado el título al señor Mestre y sus socios. En noviembre de 2008, le envió una carta al entonces coordinador de Registro Minero de Ingeominas, César Tulio Franco, donde explicaba que la irregularidad principal se refería a un recurso de reposición que fue radicado por Maldonado extemporáneamente ante la oficina en Valledupar de Ingeominas, y que aparece sin sellos de recibido. La ausencia de ese recurso llevó en una primera instancia al Ingeominas a rechazar la adjudicación del título. Maldonado subsanó el trámite al presentar una copia del recurso de reposición con un documento autenticado que "no coincide con el documento anterior que reposa en el expediente", señala la carta. En pocas palabras, para Prodeco ese trámite nunca se cumplió dentro de los tiempos establecidos y el documento fue incorporado a la carpeta del proceso de manera irregular.

Al final de la comunicación, la compañía suiza se muestra inconforme, "debido a las irregularidades e ilegalices (sic) en que se incurrió durante el trámite de otorgamiento del Contrato de Concesión, vulnerándose así derechos adquiridos de estas sociedades".

La compañía se comunicó también con el Ministro de ese momento, Hernán Martínez, con el director de Ingeominas de la anterior administración, Mario Ballesteros, con varios asesores del presidente Uribe en la Casa de Nariño y con el entonces procurador Edgardo Maya y el contralor del momento, Julio César Turbay.

Sin embargo, la denuncia no fue atendida. El Ingeominas resolvió otorgar el título a Maldonado, y Prodeco tuvo que negociar el título para explotar carbón en tres hectáreas; le pagó a este ciudadano y a sus socios más de US$1 millón por las tres hectáreas del título minero.

El tema no se ha cerrado, pues actualmente hay una acción popular instaurada contra el acto administrativo de adjudicación de ese pequeño título por un eventual detrimento patrimonial contra el Estado.

Elsa Aragón, esposa de Jorge Maldonado, aseguró que el título fue adquirido de manera legal. "Jorge es ingeniero. Esa área estaba libre y la solicitó, porque sabía que toda esa zona es carbonífera. La intención era hacer esa exploración con otros compañeros", explicó. Maldonado sufrió un ataque cerebro-vascular hace dos años que lo dejó parcialmente inhabilitado y por eso no pudo ser entrevistado para este artículo.

Uno de sus socios y quien conoció todo el proceso es Germán Vargas, quien explicó que tienen todos los soportes legales de ese título minero. "Ingeominas nos rechazó el área -dijo-, porque era muy pequeña. Jorge demostró que en Colombia se han adjudicado predios más pequeños y por eso insistió para que le fuera adjudicado el título". Señaló que su recurso de reposición fue presentado dentro de los términos establecidos y que no hay ninguna irregularidad en esa adjudicación. "Estamos dispuestos a mostrar a la autoridad que nos lo solicite todos los documentos relacionados con este título", ratificó.

Demandas
El otro caso es el del empresario minero Santiago González, quien denuncia haber sufrido serias irregularidades con un título suyo en Nariño, para la explotación de oro y platino. La situación llegó a tal punto que ya instauró una demanda penal por fraude procesal, estafa y falsedad ideológica en documento público, entre otros delitos, contra Ingeominas y varios funcionarios del Ministerio de Minas y Energía.

Además de iniciar un proceso disciplinario ante la Procuraduría, también instauró una demanda administrativa con la que aspira a que le sean reconocidos $20.000 millones por los daños que le causó el Estado por cuenta del desorden y lo que él mismo califica como "corrupción" en la adjudicación de títulos.

Según González, realizó el trámite por internet ante el Catastro Minero Colombiano el 23 de abril de 2009, y desde entonces empezaron sus dificultades. En primera instancia, el sistema "capturó" 16 coordenadas en el mapa de la zona por adjudicar.

En la demanda, González cuenta que cinco meses después de la radicación, su solicitud fue "peluqueada", porque una de las áreas "había desaparecido; ahora se encontraba en cabeza de una propuesta de contrato de concesión radicada en internet el 9 de septiembre de 2009 por Anglogold Ashanti Colombia, con placa de expediente K19-10481". El argumento de González es que esa radicación fue hecha meses después de la suya. Según él, la ley es clara en cuanto a que en Colombia, para la titulación minera, se aplica el principio de primero en el tiempo, primero en el derecho.

Los problemas no terminaron ahí. Según el Catastro Minero, su expediente fue modificado y el área de su proyecto de concesión había sido reducida de 16 a 12 coordenadas. Luego, la polémica se complicó, cuando apareció otro titular, una persona natural, en la misma área.El desorden era evidente.

"Actualmente, no se ha resuelto nada. Y, de mi propuesta original, ya hay extraviadas 1.900 hectáreas que ni siquiera aparecen en el registro minero", explicó González. El empresario decidió acudir a las autoridades judiciales, pues ya se encontraba adelantando contactos con inversionistas canadienses para impulsar la explotación minera en esa zona.

Para González este no es el único lío. Además tiene en controversia otros títulos en el Cesar y anunció que allá se le han presentado las mismas dificultades, así que también demandará a ese departamento por cerca de $24.000 millones.

Lo preocupante de la situación es que todo indica que detrás de la demanda de González vienen más procesos contra el Estado. Pedro Chequemarca, otro propietario de títulos, aseguró que hoy tiene extraviadas dos solicitudes en el Guainía y hasta el momento el Ingeominas no ha resuelto nada. Está considerando presentar demandas por las irregularidades con sus títulos.

Hay otros personajes, como los que mencionó el ministro Rodado durante la rueda de prensa, que cuentan con 400 ó 500 solicitudes que podrían estar en las mismas circunstancias. Así que el riesgo jurídico por el caos en Ingeominas es enorme, pues no solo se trata de descubrir irregularidades, sino de responderles a los que obtuvieron títulos legítimamente y hoy están en el limbo.

Dinero trató de obtener una versión del Ingeominas sobre este tema, pero hasta el momento del cierre de esta edición no había recibido respuesta al cuestionario.

El país está caminando en un terreno verdaderamente minado por las irregularidades y el desorden. Las autoridades deben ir con mucho cuidado, porque el caos llegó a niveles insospechados y es muy posible que el fenómeno se le vuelva un bumerán al Estado colombiano.

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