La tarjeta para resolver lío en el campo

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rubén Darío Lizarralde, anunció durante la jornada de trabajo por el Pacto Agrario en Neiva, que el próximo 12 de diciembre, el Banco Agrario lanzará una tarjeta para que los campesinos puedan negociar directamente sus insumos.

“Esta tarjeta le va a permitir al campesino, no solo poder ir a las distribuidoras principales y acceder directamente a los insumos sin caer en la cascada de intermediación que eleva los precios, sino que además se evitará el cobro de altísimas tasas de interés, que en muchas ocasiones efectúan estas casas de insumos”, dijo el titular de la cartera agropecuaria.

El Ministro Lizarralde anunció igualmente que presentará ante el Congreso de la República un ambicioso proyecto de Ley para fortalecer la economía familiar campesina; que brinde herramientas y estructure el sistema financiero, el desarrollo, la asistencia técnica, la educación en el campo y que ofrezca mecanismos para estructurar de una manera ordenada y benéfica para el sector agrícola, la relación que los campesinos y quienes viven en la economía familiar campesina, tienen con el Gobierno y con esa infraestructura financiera que los acoge.

“Presentaremos al Congreso este proyecto de Ley para trabajar y consolidar la economía familiar campesina. Esta iniciativa reunirá varios aspectos que hemos identificado. Recogerá las principales preocupaciones en aspectos financieros y de comercio del sector campesino”.

El Ministro Lizarralde, acompañado del Gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte, presidió la jornada de trabajo por la construcción del Gran Pacto Nacional Agropecuario en la Región Centro-Sur del país a la que asistieron Secretarios de Agricultura y de Planeación, Alcaldes Municipales, agremiaciones campesinas y representantes de los diferentes sectores productivos de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Tolima, Putumayo y Huila.

Así mismo Lizarralde señaló que el Ministerio ha identificado la necesidad de priorizar la organización de los llamados bienes públicos, como riegos, asistencia técnica, investigación y desarrollo y la urgente necesidad de formalización de la tierra.

“Debemos formalizar en los próximos cinco años, más de dos millones de predios ilegales que tiene el país. Si no lo hacemos, estamos condenando a estos campesinos a quedar por fuera de la economía, por fuera de los beneficios que el Gobierno y los sectores financieros puedan darle al desarrollos agropecuario y pisícola”, aseguró.

Afirmó que para ello se tiene que trabajar de una manera distinta e innovadora. “Tenemos que centralizar en una institución ese esfuerzo. En ese sentido el Incoder está llamado a profundizar y a realizar un trabajo revolucionario para el país en materia de formalización de tierras”.