Frenan consulta popular en contra de la extracción de hidrocarburos en Cundinamarca

El Consejo de Estado decidió conceder la suspensión provisional de la Consulta Popular programada para el próximo 6 de agosto en Pasca, una población con más de 12.000 habitantes situada a 86,6 kilómetros de la capital del país.  

La votación fue suspendida al considerar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había declarado constitucional el texto de la pregunta que iba a ser sometida a consideración de los habitantes de ese municipio “sin analizar su contenido de manera detallada y precisa”.

Además, mediante oficio del 24 de julio de 2017 el Consejo de Estado informó que la pregunta no estaba en “conformidad con los parámetros establecidos en los diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional”.

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“Se advierte con claridad que el Tribunal no realizó un análisis estricto de la redacción y de cada una de los componentes de la pregunta que le permitiera establecer con certeza si, como lo manifiesta el actor, ésta resultaba genérica o no, al incluir actividades necesarias para el desarrollo de la población como lo es, entre otros, el transporte de hidrocarburos”, añade el documento.

Con la medida cautelar, el Consejo de Estado dice que quiere evitarles a los habitantes del municipio de Pasca el riesgo de quedarse, entre otros, sin abastecimiento de combustibles.

Por medio de esta decisión también se ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio del Interior, a la Unidad de Parques Nacionales Naturales, entre otras entidades, a que presenten copia de los avances, cronogramas y actividades a ejecutar en la construcción de la investigación científica y sociológica respecto a los impactos de la actividad minera en los ecosistemas del territorio colombiano.

Así mismo invitó a distintas instituciones académicas del país a que envíen “concepto económico, jurídico y técnico o científico, que validen o refuten los argumentos de la asociación accionante, para lo cual se les remitirá copia del escrito de tutela”.

Tras el anuncio, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos dijo que “continuará trabajando en favor de los intereses de la Nación y en defensa de los derechos sociales y laborales de los ingenieros de petróleos colombianos, de la mano de sus competencias legales”.

También reiteraron su invitación a los alcaldes, gobernadores, dirigencia de las regiones y comunidad en general, al desarrollo de jornadas de reflexión y pedagogía sobre las características, ventajas y buenas prácticas de la industria.

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Su objetivo es responder a las preguntas de la comunidad y ampliar conocimientos con respecto al impacto económico, socioambiental y legal regulatorio de esta actividad.

Estas discusiones, según esa organización, son de “convergencia mundial, de la mano de la globalización y con el único objetivo de beneficiar a todos los colombianos en materia de desarrollo económico y social”.

Recientemente el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, manifestó que “darle duro a la industria petrolera es fácil y da réditos políticos” luego de dar a conocer el balance de los distintos procesos de consulta popular.

“En estos procesos de consultas populares hay diversos intereses, el dilema que se les ha planteado a muchos ciudadanos, diciéndoles que deben escoger entre agua y petróleo, es falso”, explicó el directivo.

A mayo de este año había 44 consultas populares contra el sector mineroenergético (22 contra hidrocarburos) que se adelantaban en distintas regiones del país. Esta situación, a  juicio de Lloreda, es uno de los factores por los cuales la industria está “seriamente amenazada”.

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