Standard & Poor’s advirtió los otros retos del próximo presidente

La calificadora Standard & Poor’s advirtió que el próximo presidente de Colombia, cuyo nombre se conocerá el próximo domingo, tendrá una agenda “diversa y compleja pues incluye temas críticos como la implementación del acuerdo de paz y la definición de medidas que reduzcan el déficit fiscal y que conduzcan a la reducción de brechas sociales, uno de los mayores retos del país en las últimas cuatro décadas”.

Sin embargo, también tendrá otros retos importantes de los que poco se ha hablado como la distribución de ingresos por medio del Sistema General de Participaciones, que según S&P aunque “ la población más pobre recibe una cantidad mayor de recursos, esta distribución es insuficiente para reducir la disparidad entre los ingresos de los municipios y de sus niveles de cobertura”.

Además, advirtió que “la ejecución de los recursos por parte de las administraciones territoriales continúa siendo menos eficiente en comparación con los resultados de otras entidades públicas, tal como lo evidencia el informe del índice de gestión de proyectos de regalías publicado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con corte a diciembre de 2017”.

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Por esta razón, la calificadora sugirió que al próximo gobierno le tocará modificar la asignación de recursos del sistema y el control a los proyectos y gastos que cada región realizan con los mismos.

Por otro lado, Standard & Poor’s destacó que “si bien el Gobierno Nacional otorgó cerca de $1,2 billones durante el periodo 2012-2016 provenientes del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (Cree) para las instituciones de educación superior públicas, aún existe un déficit en las fuentes de financiación del sistema”.

En ese sentido, la calificadora señaló que al próximo presidente le tocará encontrar otras fuentes de recursos para la educación y su distribución, teniendo en cuenta especialmente el fondeo para los créditos del Icetex y el sostenimiento del programa “Ser Pilo Paga”.

De acuerdo con S&P, la falta de recursos afecta la calidad de la educación en el país y limita sus inversiones en infraestructura lo también redunda en el mantenimiento de una educación pública adecuada y que permita la acreditación de los programas educativos en estas instituciones.

La calificadora también destacó el crecimiento de las vigencias futuras y aseguró que si bien el Ministerio de Hacienda ha explicado que solo se tendrá que pagar el 2,3% del PIB por este concepto, son “un riesgo potencial para las administraciones de los periodos siguientes”.

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Por otro lado está la infraestructura. La calificadora recordó el Plan Maestro de Transporte Intermodal del Gobierno requiere inversiones por $10 billones, a las que se deben sumar $71,3 billones de necesidades en financiamiento para  acueducto, alcantarillado, salud y educación, sectores que siguen rezagados frente a la infraestructura vial y eléctrica del país.

Finalmente, el Gobierno debe garantizar un ambiente adecuado para que el consumo privado siga su senda de recuperación y las empresas en el país puedan volver a crecer, restableciendo la dinámica económica del país.

Sin embargo, advirtió que “la posibilidad de una reforma pensional y tributaria, podría afectar la confianza de los inversionistas y los consumidores lo que representaría un escenario de desaceleración económica que impactaría los resultados de las compañías”.

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