| 10/7/2013 3:00:00 PM

Seguro en diciembre

El Ministerio del Trabajo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmaron un convenio para apoyar el sistema pensional y de protección a la vejez.

El Esquema de Protección para la Vejez garantizará a cerca de 7 millones de colombianos una pensión.

Además este programa incluirá los Beneficios Económicos Periódicos (BEP), que se pondrán en marcha en diciembre, así como el Seguro al Desempleo para los trabajadores afiliados a las Cajas de Compensación Familiar.

Durante la celebración del Día Internacional del Trabajo Decente, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, aseguró que “es un apoyo a los desempleados, con el que se les brindará orientación, capacitación y protección, para que al perder el empleo sigan manteniendo su cotización en salud, pensión y cuenten con los beneficios que les ofrece el subsidio familiar, al menos durante 6 meses”.

El Ministro destacó que para garantizar los derechos de los trabajadores “se ha modificado la normativa en riesgos laborales para que los trabajadores independientes estén afiliados a la protección en los mismos”.

Por otro lado, resaltó la extensión de cobertura para que los trabajadores del servicio doméstico estén incluidos en el sistema de subsidio familiar. “La meta al finalizar el 2013 es que se tengan 100 mil personas afiliadas a las Cajas de Compensación Familiar”, reiteró.

Pardo rechazó las modalidades inadecuadas de contratación laboral, a través de las cooperativas, contratación por prestación de servicios y tercerización, entre otros. “No es solamente que haya contrato sino que este sea real, digno, decente y en el que se garantice a los trabajadores todas las condiciones para su bienestar y para el de su familia”, dijo.

Agregó que cerca de 2.000 visitas de inspección se han realizado en 5 sectores como el de la minería, transporte, floricultura, porcicultura y el sector de la caña de azúcar, y se han impuesto 4.300 sanciones a empresas por violación de normas laborales, evasión de pagos del sistema de seguridad social e intermediación laboral. Las multas ascienden a los $45.000 millones.

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