| 7/29/2014 5:00:00 AM

Más medidas drásticas a evasores

Desde la administración Distrital consideran que la propuesta del nuevo director de la DIAN, Santiago Rojas, de imponer cárcel a los evasores del IVA, es una medida drástica que podría ser combinada con sanciones sociales.

El Secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, consideró que la propuesta de imponer sanciones penales y pedir cárcel a los evasores de impuestos, resulta ser una medida drástica que resultaría efectiva ya que “este país requiere tomar más conciencia sobre el tema de evasión y elusión”.

El funcionario destacó que, pese a los esfuerzos de las administraciones tributarias por atraer a los contribuyentes a los pagos oportunos, muchos le incumplen al país y para las ciudades, una medida drástica ayudaría a reducir las cifras de evasores “quienes están erosionando los recursos del país”, dijo.

En Bogotá la evasión está estimada en el 10% de los seis billones de pesos que recauda en impuestos el distrito, sin embargo, el secretario dijo que “es un cálculo que siempre se queda muy etéreo porque se construyen sin tener bases de información específicas sobre quiénes son los que evaden los impuestos”.

Aproximadamente, hay más de 13 mil predios que están contemplados en ‘zona gris’ o en evasión. Para la Secretaría de Hacienda, hay un universo de recaudo de 180 mil contribuyentes pero para la Cámara de Comercio son 400 mil. “De esos 400 mil por lo menos la mitad no tiene capacidad de pago, pero si habrían unos 40 mil en los que se debería hacer un mayor trabajo de fiscalización”, aseguró Bonilla.

A pesar de considerar esta una medida drástica para los evasores, aseguró que podría pensarse de forma compartida con sanciones morales como las que están implementadas en otros países. De esta manera, no se dejarían todos los procesos en manos de la administración de justicia y se aseguraría una mejor operatividad.

“Este tipo de medidas tienen una limitación. Puede ser muy drástica pero si la administración de justicia, que en última instancia es la que tiene que decidir, no tiene la capacidad operativa, es fácil de burlar. En Colombia hace falta algo que son aquellas operaciones en las cuales los grandes evasores son identificados y castigados con penas sociales muy fuertes, que son sanciones morales con las que el país termina sabiendo quiénes son”, explicó.
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