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Luz Helena Sarmiento, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, tiene el reto de no permitir que el boom minero energético se le salga de las manos al país.

| 5/24/2012 6:00:00 AM

¿Se le salió el boom de las manos al Gobierno?

La consecución de licencias ambientales se ha convertido en la piedra en el zapato para el sector minero energético. Y a pesar del esfuerzo que ha intentado hacer el Gobierno por mejorar, cada vez hay más solicitudes para muy pocos funcionarios.

A pesar de que la industria minera y petrolera está feliz con el avance del sector y las buenas condiciones regulatorias que hacen de Colombia un buen refugio para sus inversiones, como siempre, hay una talanquera difícil de superar.

El llamado generalizado de los empresarios consiste en agilizar la gestión de las licencias ambientales para poder cumplir con los compromisos exploratorios, pues de lo contrario, se pueden incluso perder las concesiones.

La semana pasada, en un congreso minero y petrolero que se llevó a cabo en Cartagena, el Gobierno prometió meterle el acelerador al asunto, siempre y cuando las empresas se comprometan a incluir el componente ambiental desde la misma formulación de los proyectos.

El propio ministro de Ambiente, Frank Pearl, dijo que “lo que pasa es que algunos proyectos no están considerando el componente ambiental desde el comienzo, por lo que el mensaje para el sector privado es que hagamos las cosas bien y completas desde la primera vez”.

Para el caso de las licencias ambientales de los proyectos a gran escala, el ministro de Ambiente dijo que creará una unidad especial para evacuarlos lo más pronto posible.

“Hay un asunto y es que lo proyectos grandes son sujetos de consulta previa para las comunidades indígenas y negritudes y a veces hay abusos de personas que no hacen parte de esas comunidades que, con prácticas perversas, quieren sacar beneficios económicos”, denunció Frank Pearl.

Megaproyectos con líos ambientales

No solo la demora en la consecución de licencias ha frenado proyectos. Hay algunos que implican una serie de intervenciones ambientales que ameritan un debate extenso sobre la conveniencia o no de ejecutarlos.

Solo a manera de ilustración, se presentan tres casos: las gigantes minas de oro La Colosa (Tolima) y Angostura (Santander) y la explotación de petróleo en San Andrés.

- La Colosa: es, quizás, la mina de oro más grande del país, lo cual solo quedará demostrado cuando culminen los estudios de prefactibilidad. Por el momento se sabe que tiene recursos inferidos de 24 millones de onzas de oro (unos US$36.000 millones).

Su dueña, AngloGold Ashanti, ha tenido que librar varias batallas con la autoridad ambiental por dos razones: la mina está ubicada sobre un área de reserva forestal y Cortolima le ha negado concesiones de agua necesarias para ejecutar su actividad de exploración.

La falta de concesiones de agua frenó el megaproyecto por aproximadamente dos años, al punto de que ya no empezará a producir oro en 2016, como se tenía previsto, sino en 2019. Cortolima argumenta que se agotó el recurso hídrico en el río Coello.

- Angostura:
un acalorado debate que inició en 2010 sobre el polémico proyecto de oro ubicado en los municipios de Vetas y California en Santander solo culminó en marzo de 2011, cuando la canadiense Greystar Resources (hoy Eco Oro Minerals) decidió retirar la solicitud de licencia ambiental.

La explotación del depósito que también podría contener miles de millones de dólares en oro requeriría intervenir el páramo de Santurbán. De inmediato, la presión social hizo que la empresa retirara la solicitud de licencia ambiental antes de que el Gobierno se la negara, como efectivamente lo iba a hacer.

- Explotación de petróleo en San Andrés: en la Ronda Colombia 2010, el consorcio Ecopetrol – Repsol ganó dos bloques offshore en la zona denominada Los Cayos. Sin embargo, a causa de las protestas de la comunidad sobre posibles afectaciones sobre el recurso hídrico de la isla, el proyecto fue suspendido.

Fue el mismo presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien advirtió que en zonas coralinas no es posible explorar ni explotar hidrocarburos, e incluso, incluyó la norma dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

Mientras que en 2010 se recibieron 53.762 solicitudes de licencias ambientales, en 2012 se estima se recibirán 91.000 y la cifra podría llegar en el 2013 a 118.000, según estimaciones de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Para atender esta creciente demanda, el compromiso del Gobierno Nacional es fortalecer la institución con un mayor presupuesto, que para este año alcanza los $25.000 millones.
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