Santos no se quedará con los brazos cruzados

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, enumeró un listado de errores, que según él y y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, cometió la Corte Internacional de la Haya al delimitar el área marítima entre Colombia y Nicaragua.

“Son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar”

Señala el jefe de Estados que en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago.

“No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado, que ella misma había declarado válido y vigente”, indicó.

Otro de los errores es que extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense.

“Esto significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas”, explicó.

Aseguró que se contradijo una doctrina histórica del derecho internacional, al establecer el límite hacia el oriente del Archipiélago, desconociendo otros tratados de límites suscritos por Colombia.

Debido a este último, a Colombia se le crea una serie de complejidades entre los países del Caribe, que obliga a trabajar con los estados vecinos también afectados para resolverlas.

Según el mandatario no se tuvieron en cuenta circunstancias a las que se ha debido dar peso, tales como consideraciones de seguridad y acceso equitativo a los recursos naturales.

“Inexplicablemente –después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el Archipiélago, y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva– la Corte ajustó la línea de delimitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago”.

Lo que se avecina

Santos indicó que “no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos”.

Aseguró que es evidente que existe una contradicción de este fallo con la Constitución Colombiana y con varios tratados internacionales vigentes.

El presidente anticipó que ahora inicia un periodo de trabajo y concertación entre los poderes públicos para analizar los efectos del fallo –en particular frente a nuestra Constitución– y obrar en consecuencia.