| 9/30/2005 12:00:00 AM

Revolución por etapas

Lo que viene en Venezuela es una socialización progresiva de la propiedad. Seguirán las empresas que el Estado considere estratégicas.

"Pongan atención a lo que ellos hacen y no a lo que dicen", fue la frase con la que Washington orientó por años su política frente a la administración del presidente venezolano Hugo Chávez. La concibió John Maisto, embajador de Estados Unidos en Caracas en la época Clinton. Sin embargo, la máxima no podía ser más desorientada, porque quienes siguen con cuidado los fenómenos políticos y económicos en Venezuela tienen claro que Chávez siempre hace lo que dice. Así, la clave para descifrar las movidas del gobierno es ponerles tanta o más atención a los discursos, que a los decretos.

Para Chávez, hoy es más fácil que nunca ejecutar su discurso porque tiene un mayor respaldo político, después de haber virtualmente liquidado su oposición política, y tiene una chequera que crece a una tasa de casi US$1.000 millones semanales en ingresos petroleros.

Por eso, la marcha al socialismo, que parecía ser un slogan sin fondo práctico, se ha ido concretando ante los incrédulos ojos de los observadores extranjeros, que muchas veces esperaron en la Casa Amarilla una administración de izquierda moderada como la brasileña. Sin embargo, Chávez quiere ir más allá. "Hay algunos que creen que la propiedad privada es sagrada. No lo es", advirtió el jefe de Estado venezolano en su más reciente alocución de su programa Aló Presidente. La cogestión de empresas se mueve firme en esa dirección. Las Empresas de Producción Social operarán bajo un esquema colectivo. "Los trabajadores o comunidades son los dueños del patrimonio de la empresa, no existiendo una separación entre el capital y el trabajo, ni contratación de trabajo asalariado", señala un informe de gobierno.



El próximo paso

"Esto no es un juego", dice el politólogo y analista venezolano John Magdaleno. "En Venezuela, la transición al socialismo va en serio".

La socialización de la propiedad le parece un fenómeno irreversible. "En mi opinión, habrá una apropiación progresiva de los medios de producción privados. Será una revolución por etapas", opina John Magdaleno. "La gradualidad es importante. No será el modelo de los regímenes socialistas del siglo XX con expropiaciones masivas y abiertas, sino un proceso paulatino que empieza por casos límite", añade el analista.

En primera instancia, el gobierno les ayudó a los trabajadores a establecer fórmulas de cogestión para empresas al borde del cierre o con planes de despedir trabajadores, lo mismo que avanza en la expropiación de tierras que considera ociosas o improductivas. Según el Ministerio de Economía Popular, hay 700 empresas improductivas y 1.149 que operan a 50% de su capacidad productiva y serían blanco de este programa. El Presidente también llamó a los alcaldes a expropiar predios urbanos no utilizados.

Algunos venezolanos, como el ex candidato presidencial Henrique Salas Romer, consideran que la expropiación es una maniobra política para ganar apoyo en las elecciones de diciembre. En declaraciones a El Nacional, Salas señala que el afán por extinguir el latifundio obedece "al descenso pronunciado del Jefe del Estado que se observa en las mediciones de popularidad".

Otros, en cambio, creen que la política trasciende el interés electoral y que será una acción de largo plazo. De hecho, intuyen el siguiente paso. El Estado ya no solo socializará empresas en dificultades, sino aquellas que considere estratégicas. El banco Credit Suisse, citado por el diario caraqueño El Universal, concuerda con esa apreciación. "El sector público está expandiendo su presencia en numerosos sectores no petroleros" y mencionan la intervención en varios sectores: eléctrico, acero, aviación, banca, turismo y la industria de alimentos. El banco suizo señala que "el clima de inversión, el entorno legal y la transparencia en Venezuela están desmejorando".

Para avanzar en el proceso esgrimirán el mismo argumento de interés nacional que se usó para extinguir los latifundios. El Ejecutivo central, por la Constitución de la República Bolivariana, aprobada en referendo consultivo en diciembre de 1999, reconoce el latifundio como una actividad contraria al interés nacional y social.

Por lo pronto, los 21 latifundios (612.000 hectáreas), que identifica el Instituto Nacional de Tierras, estarán en la mira, antes de que despeguen otros programas. La pelea tendrá altisonancias. "Quienes se atrincheren en su hato, aténganse a las consecuencias, porque les va a llegar el Ejército; eso sí, con una orden judicial", advirtió el presidente Chávez, refiriéndose al caso de la finca de 8.000 hectáreas La Marqueseña. "A los que tienen muchas tierras, lo que hago es llamarlos al entendimiento; no tenemos previsto atropellar a nadie, no quiero llegar a extremos, pero si me obligan, lo haré", aseveró el mandatario.

El programa parece no tener reversa. Incluso algunos, como Michael Waller, vicepresidente del Center for Security Policy, creen que así como Venezuela se moverá hacia un socialismo en el que habrá algo de propiedad privada, pero una alta participación estatal o colectiva en la producción de bienes y servicios, no se puede desestimar otra tendencia: la marcha hacia la autocracia. La principal razón para pensar que esto ocurrirá es que Chávez siempre ha hecho lo que ha dicho.
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