| 6/27/2014 5:00:00 AM

Contraloría revive caso en Bahía de Santa Marta

El ente de control dirigió función de advertencia a varias entidades del Estado en la que hace requerimientos sobre las acciones que se están implementando para contrarrestar la contaminación en dicha zona.

En Colombia todo se olvida. Es la consigna de la Contraloría General de la República que decidió no dejar el tema en el olvido sobre la situación ambiental en la Bahía de Santa Marta.

Desde que estalló la problemática en parte por responsabilidad de la Drummond sancionada por autoridades colombianas, se dieron propuestas para preservar el medio ambiente en esta zona del país.

Sin embargo, las labores en este frente no se conocen y según las comunidades de la región, la contaminación se mantiene latente.

Las medidas para contrarrestar los efectos ambientales corren por cuenta de las autoridades locales, departamentales e incluso nacionales.

Al parecer la situación no ha cambiado y las alarmas se encendieron nuevamente a mediados de abril cuando la propia multinacional que opera en el puerto reconoció que una de sus embarcaciones (La Ballena), que estaba al servicio en Puerto Drummond para labores de apoyo en las obras del muelle de cargue directo (transporte de materiales de construcción), naufragó en el área de operaciones.

El accidente impactó de nuevo el ecosistema marino en la Bahía de Santa Marta, que anteriormente había sido golpeada por accidentes similares que le causaron una fuerte sanción por parte del Gobierno Nacional.

Allí quedó en evidencia la debilidad de la multinacional en los procesos que adelanta en la zona, donde la responsabilidad ambiental ya ha sido cuestionada en varias ocasiones.

Según la compañía, inmediatamente ocurrido el hecho, inició su plan de contingencia informando a las autoridades competentes y donde se implementaron todas las medidas tendientes a salvaguardar la vida, seguridad y el medio ambiente.

Pero estos aspectos no son garantías para la Contraloría que insiste en velar por el patrimonio público y sus implicaciones económicas.

Las primeras responsables son las entidades encargadas en la zona además después de los compromisos otorgados luego de las dificultades ambientales por cuenta de la explotación de carbón.

Precisamente la Contraloría General dirigió una función de advertencia a varias entidades del Estado exigiendo respuestas de las acciones que se han tomado para contrarrestar la contaminación en la bahía.

Entre ellas, están los ministerios de Ambiente, Minas, Transporte, Comercio y la Corporación Autónoma Regional de Magdalena, además de la Anla, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura.

Por el lado regional aparece el Departamento Administrativo Distrital de Medio Ambiente, la Gobernación de Magdalena, la Alcaldía de Santa Marta y Metroagua.

En la misiva del ente de control se requieren básicamente dos aspectos los cuales tienen que ver con las acciones de dichas entidades en el puerto.

El primero tiene que ver con las labores planteadas por parte de las autoridades para abordar la contaminación de la Bahía de Santa Marta como un problema sistémico y que las medidas de licenciamiento coincidan entre las partes.

Además que las medidas sean a través de un sistema multifactorial con impactos acumulativos y no de manera individual y particular.

En cuanto al segundo punto requiere de las estrategias determinadas para la articulación de las entidades advertidas con el fin de establecer las acciones encaminadas a estimar el daño causado y la reparación por parte de cada uno de los causantes así como aquellos que no hayan sido identificados pero que generen afectación en el desarrollo de su actividad.

Es de anotar que el proceso es adelantado por la Contraloría Delegada de Medio Ambiente que exigió las respuestas correspondientes en el término de cinco días hábiles.

La función de advertencia se dirigió el pasado 19 de junio del año en curso por lo que el plazo vence este viernes 27.

De acuerdo con el organismo el objetivo principal es darle solución a un tema que ha permanecido congelado y sin determinaciones claras en materia ambiental.
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