| 3/23/2010 7:00:00 AM

Regalías, una cuenta jugosa con el saldo en rojo...

Además de la corrupción, las inversiones riesgosas y la falta de gerencia pública han hecho que $23 billones girados a 731 municipios en la última década no hayan servido para saldar su pasivo social.

Los representantes de quince compañías involucradas en el manejo irregular de más de $500.000 millones de regalías, a través de patrimonios autónomos, libran por estos días una carrera contra el tiempo. Con la misma prisa con la que captaron los recursos, buscan ahora devolver la mayor parte del dinero recogido con la esperanza de atenuar el impacto de procesos administrativos y fiscales abiertos por la Superintendencia Financiera y la Contraloría.

Los reintegros más significativos provienen de sociedades como Chacón Bernal, Cosacol y Coocafé Vicensa, que trabajaron con los cuantiosos excedentes que las administraciones de Casanare y Meta, dos de los departamentos más ricos en yacimientos petroleros, no supieron capitalizar en medio del desorden presupuestal, desgreño administrativo y franca corrupción.

El afán ha crecido en la medida en que el superintendente financiero, Roberto Borrás Polanía, tiene lista para la firma decisiones de última instancia y la Contraloría Delegada para Investigaciones y Juicios Fiscales avanza en la imposición de medidas cautelares (embargos principalmente) por $302.000 millones.

Pero si bien las medidas en ciernes apuntan a combatir las captaciones masivas e ilegales y las maniobras especulativas que se han producido con dineros públicos, difícilmente serán borradas las secuelas sociales que este nuevo fenómeno, sumado a otras modalidades crónicas usadas para esquilmar los recursos derivados de la explotación de los recursos naturales, ha dejado en los 731 municipios y los 32 departamentos que tienen derecho a ellos.

Esas 763 entidades territoriales recibieron entre 2000 y 2009 giros por $23,7 billones, pero ninguno de ellos tiene certificada su cobertura en materia de agua potable y alcantarillado y la mayoría presenta altos índices de mortalidad infantil.

LA HORA DEL CASTIGO

El manejo de los excedentes de regalías a través de fiducias sin control, que en breve comenzará a ser castigado por la Superintendencia, tuvo uno de sus picos más altos a mediados de 2008. En ese momento, el Palacio de Gobierno de Casanare se encontraba convertido en lo que un funcionario de la oficina de juicios fiscales de la Contraloría describió en un documento de trabajo como 'Wall Street criollo'. Comisionistas que llegaron de Bogotá, atraídos por los excedentes de las regalías petroleras -que durante la vigencia de 2007 habían permitido transacciones netas en títulos de tesorería por $1,76 billones-, se instalaron en los despachos oficiales para hacer sus ofertas de rentabilidad.

Todos querían emular la experiencia de Bolsa AS Valores S.A., una firma que durante 102 de los 244 días hábiles que tuvo 2007 intermedió 505 transacciones, con un promedio de cinco operaciones diarias. La liquidez ocasional creaba el espejismo de las ganancias jugosas.

Sin embargo, aquella improvisada bolsa sufrió una especie de crash cuando los organismos de control llegaron a verificar lo que ocurría. El ritmo febril de las operaciones sugería de entrada que se trataba de maniobras especulativas. Su tendencia a la pérdida lo confirmaba: el 73% de las operaciones reportaron utilidades inferiores a $l millón y 12% pérdidas. En 430 operaciones analizadas, la utilidad bruta superó apenas los $260 millones, según lo comprobó la Contraloría.

La administración departamental cayó en un error adicional. Decidió invertir cerca de $60.000 millones en patrimonios autónomos cuyos fideicomitentes destinaron los recursos para apalancar inversiones riesgosas o inciertas, como lo ocurrido a Green Montain en la explotación de una mina que solo figuraba en las coordenadas de un plano imaginario.

El departamento del Meta y el municipio de Yumbo (Valle) tomaron caminos similares y perdieron millonarios recursos que debieron ser destinados a renglones prioritarios de su gasto social. El escándalo fue flor de un día pero sus consecuencias son enormes. Cifras en mano, el contralor Julio César Turbay Quintero dice que Meta y Casanare, dos de los principales departamentos petroleros, y Villavicencio y Castilla la Nueva, dos de los municipios que encabezan la nómina de beneficiarios de regalías, destinaron a ese juego riesgoso del mejor postor $203.000 millones, de los cuales todavía están pendientes por recuperar casi $173.000 millones.

Álvaro Osorio, jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, equipo que tiene a cargo las investigaciones más relevantes, explica que los procesos están centrados en la posible violación de la Ley 819 de 2003, que prevé que los recursos de regalías solo pueden ser invertidos en títulos de deuda pública interna de la Nación, de alta calificación crediticia en materia de riesgo, o depositados en entidades financieras bien reputadas.

En la Procuraduría están activos 382 procesos disciplinarios que abarcan el mapa nacional y se abren paso entre "cementerios de elefantes", como son llamadas aquellas obras pensadas como suntuosas y convertidas en inútiles, como el caso del Museo del Hombre Llanero de Yopal, en cuya construcción fueron invertidos hace dos años $7.000 millones. Una de sus dos torres se desplomó recientemente y la otra, agrietada e inestable, fue cerrada al público el mismo día en que un grupo de juntas de acción comunal le reclamaban al gobierno por la escasez de agua potable y la ausencia de alcantarillado en sus inmediaciones.

INDICADORES EN BLANCO Y NEGRO

Este panorama explica en parte el retraso social de las regiones que históricamente han sido las grandes beneficiarias de las regalías. De acuerdo con Amparo García, directora de Regalías del Departamento Nacional de Planeación, los $23,7 billones girados no han servido en absoluto para poner al día los indicadores sociales de los territorios beneficiados.

En un documento de balance enviado el 10 de marzo al procurador general, Alejandro Ordóñez, su delegado para la descentralización, Carlos Augusto Mesa, se duele de que de los casi 800 entes receptores de regalías directas, solo cinco se encuentren certificados en régimen subsidiado y no más de diez en educación básica.

SIGNOS DE POSTRACIÓN

Como Casanare, con su 'Wall Street criollo', hay otras regiones que ampararon buena parte de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2008 con las inversiones realizadas en patrimonios autónomos, que resultaron irrecuperables, y con bonos Yankees que perdieron valor por cuenta de la crisis financiera y de la revaluación.

La tasa de mortalidad infantil, otro de los indicadores más sensibles, es un signo evidente de postración social. La última evaluación, realizada en marzo de 2008 en 19 municipios que reciben giros por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mostró que ninguno de ellos cumple que las exigencias en este campo. En Cartagena, que en su condición de principal puerto sobre el Caribe recibió durante los últimos nueve años $672.000 millones, la tasa de mortalidad infantil por cada 1.000 nacidos es de 14,7%, cuando lo "tolerado" por las normas vigentes es de 1,6%.

Uribia, en La Guajira, es un verdadero desastre en este campo. De cada mil nacidos mueren en promedio 110. No hay rastro de inversiones efectivas en este campo hechas con el respaldo de los $255.000 millones que recibió durante el mismo lapso que el caso de Cartagena.

El viejo aforismo según el cual "aquello que está mal es susceptible de empeorar", no encuentra razón de ser solo en un escenario de la mala fe que sirve de caldo de cultivo a la corrupción. Según la Federación Nacional de Municipios, resulta urgente elevar el nivel de la gerencia pública. La ignorancia es también aliada de los descalabros, especialmente en aquellos casos en que los alcaldes no saben organizar un presupuesto, ni diseñar un plan de inversiones, y menos aún, hacer reservas para inversiones estratégicas con recursos derivados de las regalías.

Planeación Nacional, Contraloría y Procuraduría están de acuerdo en que es necesario reformular el marco normativo y concebir una Ley de Regalías que consulte las necesidades y las particularidades de cada región. Según Sergio del Castillo, de la Universidad Javeriana, las metas de cobertura no solo deben ser razonables sino que han de estar acompañadas por nuevas herramientas administrativas que controlen en buena medida "el potro desbocado de la descentralización".

Por ahora, parece que definitivamente la deuda social no se podrá pagar con cargo a los fondos de regalías.

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