| 10/1/2004 12:00:00 AM

Refinería, ¿proyecto estratégico?

Pese a las dudas y al gran número de contradictores, el gobierno procederá con el proyecto de expansión de la Refinería de Cartagena.

Todo indica que la ampliación de la Refinería de Cartagena será una realidad. Es la voluntad del presidente Uribe, es un compromiso de su campaña y está en el Plan de Desarrollo de su gobierno. El tema, sin embargo, no es nuevo en el país. Lo analizaron los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana, en cada uno de los cuales se debatió su pertinencia para el país. Finalmente, el gobierno de Andrés Pastrana decidió proceder con el proyecto y contrató los estudios técnicos para su construcción.

El presidente Uribe siguió por esta línea, pese a la oposición de sus dos ministros de Hacienda, Roberto Junguito y Alberto Carrasquilla, quienes coinciden en que el gobierno no tiene los recursos para un proyecto de esta envergadura. Alrededor de este tema se tejen intereses políticos y económicos que dificultan llegar a una posición objetiva.

Detrás de la ampliación de la Refinería de Cartagena están, además del Presidente Uribe, los congresistas de la Costa, la USO y la industria petroquímica (en especial, el Grupo Sanford por su posición como gran transformador en la cadena). Cada uno tiene sus razones para impulsar el proyecto.

Para facilitar el análisis, es conveniente dividir el tema. En primer término, la justificación y conveniencia para el país de la ampliación de la refinería. Y en segundo lugar, la construcción de la planta de olefinas, que seguiría a la expansión y que daría lugar a la ampliación de la cadena petroquímica en Colombia.



La ampliación

El proyecto contempla la expansión de la capacidad de la refinería de Cartagena de 75.000 barriles diarios a 140.000. El valor de la obra se estima en US$806 millones, frente a US$2.500 millones que costaría hacer una refinería nueva. De los US$806 millones, US$70 millones correrían por cuenta del sector privado, pues son servicios, y US$736 millones serían de Ecopetrol.

Desde el punto de vista técnico, no hay duda sobre la necesidad de ampliar la refinería. Su estado es tan crítico que si no se moderniza, la única opción sería liquidarla. Es ineficiente en su operación y los productos que ahí se procesan no cumplen estándares ambientales nacionales ni internacionales. Mientras que las normas internas exigen un contenido de azufre en la gasolina menor o igual a 300 ppmv, esta cifra es menor o igual a 1.000 ppmv. Algo similar sucede con el diesel que ahí se procesa.

La ampliación de la refinería permitiría trasladar 30.000 barriles diarios de productos a una eventual planta de olefinas, lo que facilitaría el desarrollo de la cadena petroquímica en el país.

Por decisión del presidente Uribe, la liquidación de la refinería no es una opción, lo que deja su ampliación como única alternativa. Aquí surgen cuestionamientos sobre quién debe financiar el proyecto: si el sector público o el privado.

Los ex ministros Jorge Eduardo Cock y Juan Manuel Santos, y más recientemente Rudolf Hommes, han manifestado su desacuerdo con que esta inversión se haga con recursos públicos, porque el país tiene necesidades más urgentes que bien podrían utilizarlos.

El senador Hugo Serrano, por su parte, cree que el proyecto es importante pero no prioritario y desde ningún punto de vista tiene un alto impacto social. Por el contrario, favorecería a un grupo muy reducido del sector petroquímico. Además, considera que todavía no se cuenta con suficiente información respecto a otras refinerías en la región.

Al margen de la opinión de estos y otros opositores, y después de varios enfrentamientos entre el ministro de Hacienda y el presidente de Ecopetrol, quien se niega a permitir que el proyecto se atrase, el gobierno, en la sesión del Conpes del 21 de septiembre, recomendó seguir con el cronograma y maximizar la vinculación de capital privado al proyecto, es decir, a la inversión que haría Ecopetrol. A su vez, se comprometió a hacer lo necesario para que el proyecto resulte atractivo para los inversionistas privados.

Esto significa que se debe encontrar la forma de sacar la refinería del balance de Ecopetrol -mediante el arrendamiento de sus instalaciones actuales, por medio de una escisión o una enajenación-, sin lo cual ningún inversionista querría entrar al proyecto. La razón es sencilla. Mientras Ecopetrol sea la dueña de la refinería, tiene que cargar con los costos laborales y las prebendas que se derivan de las concesiones adquiridas por la USO a lo largo de los años, que hacen la operación de la refinería ineficiente y no rentable.

Este es el punto más crítico en el tema de la refinería y sobre el cual el país debe tener todas sus antenas puestas. A los colombianos se les está vendiendo la idea de que la ampliación de la refinería se va a hacer con capital privado. No obstante, para que esto sea posible, hay que llegar a un acuerdo con la USO sobre la propiedad de la refinería, lo que no será fácil, sobre todo después de que en el acta de levantamiento de la más reciente huelga se acordó que la refinería se realizaría con recursos públicos. A este sindicato no le interesa para nada que la refinería se escinda de Ecopetrol, pues perdería el control sobre el combustible.

Como el gobierno sabe que esta negociación no va a ser fácil, decidió continuar con el cronograma de las obras, utilizando recursos públicos hasta por US$736 millones que fue lo que recomendó el Conpes. Por supuesto, esto supone la previa autorización del Ministerio de Hacienda para la utilización de las vigencias futuras de los recursos de Ecopetrol. Bajo este esquema, la probabilidad de que la ampliación de la refinería termine haciéndose con recursos públicos es altísima, pues, ¿cuál puede ser el interés de vincular capital privado una vez iniciado el proyecto y aprobados los recursos para su financiamiento?

No obstante, Isaac Yanovich, presidente de Ecopetrol, dice que el interés es total y está además optimista, pues cree que sí es factible llegar a un acuerdo con el sindicato, aunque obviamente sabe que no será fácil, pues va a haber una fuerte reacción porque va a alegar que se le incumplió. "Hay que darse la pela, pues me parece maravilloso que Ecopetrol no sea la dueña de la refinería, pues por fin tendríamos competencia. Como dice Orlando Cabrales, el peor error fue comprarle la refinería a Intercor", afirma Yanovich.

En cuanto al interés que los inversionistas privados podrían tener en la refinería, Yanovich comentó que ya hay dos firmas interesadas. "Obviamente, todo depende de cómo se arregle lo del subsidio de la gasolina, que ya el Ministro Carrasquilla dijo que él lo maneja, y el lío con la USO. También está la percepción del riesgo país", añadió.



La planta de olefinas

Generalmente, el desarrollo de la petroquímica está asociado a la existencia de las refinerías de combustibles, como fuente de las materias primas que esta industria utiliza. En Colombia, ninguna de las refinerías existentes tiene la capacidad para producir estas materias primas, lo que lleva a que el proceso petroquímico en el país se inicie más tarde en la cadena y dependa de materias primas importadas.

Es apenas natural que detrás de la ampliación de la Refinería de Cartagena esté la industria petroquímica, pues es el eslabón que necesita para ampliarse. La expansión de la refinería, además de mejorar la calidad de los productos que ahí se procesan, permite la producción de nafta, GLP, etano y destilados medios, que son las materias primas que requiere la petroindustria y que justificarían la construcción en el país de una planta de olefinas. De hecho, según Rodolfo Segovia, miembro de la junta directiva del Grupo Sanford, la refinería es una condición necesaria, pero no suficiente, para la construcción en el país de una planta de olefinas que permita el desarrollo de la cadena.

La planta de olefinas tendría como fin la producción de etileno y propileno, el primero para la elaboración de polietileno, PVC y poliestireno, y el segundo para la elaboración de polipropileno. En este momento, en el país se produce etileno en poca cantidad (20% del consumo) en la refinería de Barranca, en tanto que el propileno se importa en su totalidad. Al producirlos localmente, los grandes beneficiados serían, en el caso del etileno, Petco, y en el del propileno, Propilco, que importa toda la materia prima que consume (ver diagrama).

La inversión requerida por el sector petroquímico para el desarrollo de la cadena, esto es, la planta de olefinas, la de monómeros y polímeros y los servicios, según cálculos de la Compañía Promotora de Olefinas y Aromáticos del Caribe Ltda., asciende a US$1.366 millones.

¿Qué pasa con las empresas del sector, si no se hace la ampliación de la refinería? En un mercado cerrado no tendrían problema, pues siempre existe la posibilidad de trasladar al consumidor los sobrecostos que se derivan de depender de materias primas importadas. El problema surge cuando la economía se abre y, en particular, cuando se firman los acuerdos de libre comercio y se pierde la protección. Las empresas importadoras de materias primas para la elaboración de sus productos, en este caso Propilco, se vuelven muy vulnerables, pues les es imposible controlar sus costos, a la vez que tampoco controlan los precios. Si no se hace la ampliación de la refinería, tendrían que buscar alternativas para asegurar un suministro confiable de materia prima.

En conclusión, la ampliación de la refinería se justifica solamente si se hace con recursos privados, lo cual, bajo el esquema propuesto, debería venir de la mano de una solución con la USO sobre el tema de la propiedad de la refinería. Esto sería excelente, pues le permitiría al país contar con una refinería eficiente y rentable, lo cual tendría importancia estratégica dado que la otra refinería, la de Barranca, está dominada por el sindicato de Ecopetrol.

De otra parte, si esto se logra, la inversión que seguiría por cuenta de la industria petroquímica es bienvenida, pues no solo significa el ingreso de recursos frescos al país, sino que permitiría el desarrollo de esta industria con un impacto importante sobre el empleo.
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