Lo que recomiendan los diputados españoles

Una delegación de diputados españoles que finalizó una visita al país, conformada por los portavoces de telecomunicaciones del Partido Popular (PP), Javier Puente; del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Félix Lavilla, y de Convergencia i Unió (CiU), Inmaculada Riera, mostraron al Gobierno colombiano esta semana la experiencia española en la implementación de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada en mayo pasado.

Los diputados destacaron la labor del Gobierno colombiano con el Plan Vive Digital, que ha garantizado la conexión a internet del 50 % de la población, programa que calificaron de "ejemplo mundial", y resaltaron que Colombia "tiene muy claro que las TIC son un instrumento de cambio" y de "crecimiento económico". Y es que, según la Comisión Europea, un incremento del 10 % en la penetración de la banda ancha genera un crecimiento de entre el 1 % y 5 % del PIB de un país.

Los portavoces afirmaron que España quiere ser un aliado del desarrollo de las telecomunicaciones en Colombia, a través de empresas privadas de capital español, pero llamaron la atención sobre la necesidad de un cambio normativo y regulatorio para el sector. "Hay que estimular alianzas público-privadas para donde no llega el mercado (...) y es la estabilidad jurídica la que permite las inversiones más allá de los colores del Gobierno que haya", aseveró Riera a Efe.

La nueva normativa española busca adaptar la Ley General de Telecomunicaciones de 2003 a los avances que ha vivido este sector y favorecer el desarrollo de la economía digital, que tuvo en España una facturación de 35.228 millones de euros (unos 43.813 millones de dólares) en 2012, lo que representa un 3,5 % del producto interno bruto (PIB) del país. Esta "es una reforma estructural en el sector de las telecomunicaciones, que son un instrumento al servicio del progreso social y económico desde el punto de vista de la competitividad y crecimiento de un país", dijo Riera.

La iniciativa se planteó como reto que todos los colegios de secundaria de España tengan para 2016 un ancho de banda de 30 megabytes de conexión y que para 2020 se amplíe a 100 mb en universidades, bibliotecas públicas y centros de salud, explicó Lavilla.

Además, uno de los objetivos fue otorgar seguridad jurídica a los operadores para que pudieran desarrollar la infraestructura y garantizar su retorno de inversión, así como lograr mayor cubrimiento de fibra óptica y de tecnología de cuarta generación (4G) utilizada en teléfonos inteligentes.

La ley española no estuvo exenta de críticas, pues permite que los operadores tengan autonomía para desplegar redes en edificios privados, lo que según grupos ambientalistas y de salubridad aumenta los casos de cáncer debido a los efectos electromagnéticos de las antenas para celulares. "Es muy pronto para valorar esta ley, pero sí ha habido un cambio en el mercado. Se han unido operadores, han llegado a acuerdos para hacer esas inversiones, desplegar la fibra óptica y la tecnología de 4G y redes", concluyó Puente.


EFE/D.com