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En Amagá la fuente empleo es la minería y no hay otra forma de sustento para las familias. | Foto: Semana

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¿Quién se pone en los zapatos de los mineros?

La historia de Wilson Álvarez es apenas una muestra de lo que viven los mineros en Colombia, los mismos que hoy protestan para que el Gobierno los formalice y los incluya en la llamada ‘locomotora minero-energética’.

18 de julio de 2013

Al terminar su bachillerato, algo que pocos mineros pueden lograr, Wilson Álvarez se dedicó al mismo oficio de su papá, la minería artesanal en el municipio de Amagá (Antioquia). Todos los días él sabía que a las 7 de la mañana entraría hasta las entrañas de los socavones, pero nunca tenía la certeza si saldría con vida o si la tierra se lo tragaría.

“Yo vengo de familia minera, paterna y materna. Aquí en Amagá la fuente de empleo es la minería y no hay otra forma de sustento, más del 85% de la población se dedica a la minería, de carbón, arcilla, arena, y otros”, cuenta Álvarez, quien se considera afortunado porque su infancia la pasó en el colegio y no en las minas como le toca a muchos niños y niñas en Colombia.

En Amagá “nadie quiere ser minero”, asegura Wilson, pero es el destino de quienes nacen allá. “Si uno pudiera tener otro tipo de sustento pues uno buscaría otra forma de hacerlo, pero para los hijos de los mineros es muy difícil tener algún tipo de estudio, otro tipo de trabajo, todo gira en la minería”, cuenta.

Los riesgos son muy grandes, así sean minas que cuenten con todas las medidas de seguridad siempre existe el peligro de morir. Para no ir tan lejos, sólo falta recordar la peor tragedia del sector minero, ocurrida el 16 de junio de 2010, en la que fallecieron 73 mineros en el mismo municipio de donde es Wilson, Amagá.

Ese hecho marcó a quienes trabajan en esa población, los mismos que diariamente exponen sus vidas por un salario que no compensa las horas trabajadas, a veces 10 o a veces 12, que además no tienen a nadie que responda por su seguridad social, que cuando lleguen a la vejez no tendrán ingresos porque jamás han cotizado pensión.


“Es muy duro, la verdad uno en las minas no gana tanto como se trabaja, es un momento donde realmente uno piensa en la familia. Los mineros son propensos a tener familias más jóvenes, entonces cuando uno tiene una familia tan joven y coge una responsabilidad tan grande pues ya le toca más duro”, señala Wilson.

Y agrega que “las condiciones de las minas todas son diferentes, hay unos mantos de explotación altos, otros bajitos, entonces hay partes donde uno tiene que trabajar más fuerte que en otros. Hay unos en que se trabaja de pie, otros en que se trabaja agachados y otros prácticamente acostados”.

La historia de Wilson como minero de socavones dio un giro, de los quepoco se ven entre los mineros del país, pues como su padre se dedicó toda la vida a la minería, hasta lograr tener su propia empresa, él decidió seguir el mismo camino, se asociaron y se dedicaron a la explotación y comercialización de carbón.

Pero no todo es bueno, esta empresa aún funciona como informal, tienen 20 mineros que no cuentan con seguridad social, ni pensión. Wilson asegura que cumplen las normas ambientales y que su meta es poder garantizarles a los trabajadores las condiciones laborales que merecen, pero que sin el apoyo del Gobierno esto es casi “un imposible”.

“El Gobierno no ha querido legalizarnos, darnos un título, una posibilidad de vincularnos como mineros legales. Debido a este hecho no hemos podido asegurar a los mineros. ¿Quién no va a querer que sus trabajadores tengan las mejores condiciones y más cuando yo también hice el mismo trabajo?”, dice.

Estos son los mineros informales que hoy están protestando para que el Gobierno “no confunda la minería informal con la minería criminal”, que quieren ser incluidos en la llamada “locomotora mineroenergética”, que requieren acompañamiento para hacer de su trabajo una actividad responsable con el medio ambiente y con la seguridad de quienes la practican.

Gobierno y mineros


Los mineros artesanales, de pequeña y mediana escala, entraron en paro para exigirle al Gobierno, entre otras cosas, garantías laborales, formalización y la derogación del decreto 2235, que autoriza a la fuerza pública la destrucción de la maquinaria y equipos de mineras informales.

“Tuvimos dos acercamientos con el Ministerio de Minas y el Ministerio del Interior y ahí entregamos el pliego de peticiones, lo pusimos a disposición de los asesores del Gobierno nacional. Ellos lo estudiaron, lo analizaron, dicen que lo ven viable, pero el problema ha sido la derogatoria de ese decreto que nos afecta y parece ser que es inamovible y ahí es donde se ha presentado la dificultad”, aseguró el vocero deConalminercol, Ramiro Restrepo.

Pero el mismo presidente Juan Manuel Santos señaló, sobre este último punto, que la destrucción de las maquinarias que autoriza ese decreto es para aquellas mineras que él ha llamado “criminales”, porque están destruyendo el medio ambiente y afectando a las mismas comunidades.

Por otro lado, los mineros esperan además que “se implemente un procesode legalización de minería tradicional serio que apunte a que nosotros podamos trabajar en el marco de la ley minera y de la ley ambiental”, dijo Restrepo.

Según los cálculos de Conalminercol, aproximadamente dos millones de personas en Colombia viven de la minería a pequeña y mediana escala, “producimos el 70% del oro que se produce en el país, que el año pasado estuvo alrededor de las 70 toneladas, que el 70% lo produjo la pequeña ymediana minería”, dijo el vocero.

Y agregó que “esto indica que nosotros somos un gremio importante que merecemos ser tratados con dignidad y con respeto, esa es una de las cosas que le estamos exigiendo al Gobierno nacional”.

El paro que se adelanta en Antioquia, en el Eje Cafetero, Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, con cerca de 200 mil manifestantes, hasta ahora se ha desarrollado en forma pacífica. “No tenemos como estrategia el bloqueo de vías porque no nos interesa perjudicar comunidades, ni causar traumatismo a la movilidad a la que tienen derecho todos los ciudadanos. A nosotros nos interesa es llamar la atención del Gobierno por la problemática de fondo que tenemos”, concluyó el vocero.