| 4/23/2017 12:01:00 AM

¿En qué va el caso Odebrecht en Colombia?

Un fiscal capturado por favorecer a uno de los implicados, traslado de información de la Procuraduría a la Fiscalía, una declaración de impedimento y solicitud de imputación de cargos a otros cinco exfuncionarios hacen parte del avance en la investigación del polémico caso de corrupción.

Este sábado el Tribunal Superior de Cundinamarca legalizó la captura del fiscal Rodrigo Aldana Larrázabal, por solicitud de la Fiscalía luego de capturarlo el pasado viernes, por haber favorecido al ex senador Otto Bula, quien recibió sobornos de Odebrecht por US$4,6 millones.

La Fiscalía señaló que Aldana tendrá que responder “por los delitos de prevaricato por omisión, cohecho propio y concertación para cometer delitos contra la administración pública” pues según sus investigaciones, el fiscal era responsable de varios procesos en los que Otto Bula tendría interés y por la misma razón, la entidad le abrirá nuevas investigaciones al exsenador.

A esto debe sumarse que Bula le habría transferido bienes a personas cercanas al fiscal Aldana de acuerdo con la información que tiene la Fiscalía.

Aldana se suma a Marcela Ferrán, Hernando Gómez y Mónica Santamaría del Banco Agrario por su relación con el crédito a Navelena. Los tres eran vicepresidentes de la entidad cuando esta, pese a las condiciones impuestas por la junta directiva, le desembolsó los $120.000 millones al consorcio cuya mayoría le pertenecía a Odebrecht y están a la espera de la audiencia de imputación de cargos.

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Eduardo Gishays también espera su audiencia de imputación de cargos por lavado de activos dentro del proceso por el pago de US$6,5 millones en sobornos que Odebrecht pagó para que el Consorcio Ruta del Sol obtuviera el contrato de la Ruta del Sol Sector II y tendrá audiencia el próximo cinco de mayo. Por este mismo caso, el cual el ex funcionario de la Ani Juan Sebastián Correa también espera que se le imputen cargos.

Por su parte el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue denunciado penalmente por el senador Jorge Robledo, quien ha revelado varios elementos que relacionan a Martínez con el Grupo Aval –dueño minoritario del Consorcio Ruta de Sol- y este a su vez se declaró impedido en el proceso de investigación contra las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez-Correa por el contrato de la Ruta del Sol Sector II.

El fiscal Martínez argumentó que “en calidad de abogado consultor durante el ejercicio privado de la profesión, el Fiscal General de la Nación emitió un concepto en el mes de septiembre de 2012”, momento en el cual la Concesionaria Ruta del Sol  no estaba llamada todavía a ser la constructora de la vía Ocaña-Aguas Claras-Gamarra-Puerto Acapulco, contrato que debía adjudicarse por licitación.

Al mismo tiempo, la Procuraduría le trasladó a la Fiscalía 66 contratos que la firma Marketmedios firmó con 31 entidades estatales entre 2011 y 2016, por más de $84.560 millones, como consecuencia de la investigación que se inició por la firma de un contrato entre Odebrecht y Marketmedios por $1.044 millones en el 2010 en la campaña “Santos Presidente”.

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Además, la Comisión Especial Disciplinaria de la Procuraduría General  ordenó la indagación preliminar contra Eder Palacio Ferracuti, representante legal del Concesionario Ruta del Sol; Paulo Roberto Marcal Terreri, representante legal del Consorcio para la Prosperidad; Carlos Berardo Zaeyen, representante legal del Consorcio para la Prosperidad, y Jorge Barragán Holguín, representante legal de Navelenas.

Los primeros capturados

Luego de que estallara el escándalo más grande y reciente de corrupción, que involucra a la firma Odebrecht con el pago de sobornos en 12 países de América Latina y África, en Colombia se conoció que la firma había pagado US$11,1 millones.

El primer caso que se conoció fue el pago de US$4,6 millones al ex senador Otto Bula, para que el consorcio de la firma brasilera obtuviera la adjudicación del construcción de la vía Gamarra –Ocaña, parte de la Ruta del Sol Sector II.

Esta adición se hizo mediante el otrosí número 6, firmado  el 14 de marzo de 2014 por el director de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.

Bula se convirtió en el segundo capturado y condenado por el caso Odebrecht.

El primer capturado fue el ex viceministro de Transporte, Gabriel García, quien recibió US$6,5 millones para garantizar que Odebrecht fuera la firma habilitada" para la licitación de un contrato vial, cuando se desempeñó como director encargado del extinto Instituto Nacional de Concesiones (Inco).

Bula y García fueron condenados a prisión en la cárcel La Picota de Bogotá.

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