| 6/8/2015 5:00:00 AM

¿Qué sentido tiene una alianza público-privada?

Colombia ha decidido usar la figura de las alianzas con el sector privado para desarrollar una parte de su infraestructura. Por iniciativa privada, se han aprobado recientemente seis por valor de $7 billones. Las claves para que estas iniciativas funcionen.

En Colombia, el gobierno ha anunciado la necesidad de avanzar en alianzas con el sector privado para completar la estrategia de desarrollo de la infraestructura. Por ejemplo, en educación por un $1 billón, lo que significa la construcción y operación de colegios. A su vez, se han aprobado seis por iniciativa privada para desarrollar autopistas.



¿Qué son estas alianzas?

Las alianzas público-privadas (APP) han sido un mecanismo o herramienta con la que los gobiernos han buscado  mejorar los servicios que ofrecen a través de infraestructura existente o nueva de la mano con el sector privado. Por lo mismo, puede asociarse a la contratación de un servicio sirviéndose de experiencia, innovación y apalancamiento financiero de los privados.

Desde su espontánea creación, las APP fueron cuestionadas por quienes se preguntaban por qué la experiencia y financiación del sector privado debían ser utilizados por el gobierno para atender deficiencias y brechas de su infraestructura. En respuesta a dichas inquietudes pocos niegan la relevancia que tiene la infraestructura para el crecimiento económico pero resultan menos evidentes las razones para que el gobierno dependa del sector privado.

Algunas de esas inquietudes no han cedido ante casos en que las APP han sido exitosas. Las mismas inquietudes muchas veces han resultado más incisivas en los casos en que las APP han fracasado. Para los expertos del Banco Mundial Clemencia Torres de Mästle, Javier Encinas y ER Yescombe, en los casos en que ello ha ocurrido, la APP existe ha carecido de un profundo análisis sobre las soluciones  que se espera proporcionar, no se han involucrado a fondo las empresas privadas y ha faltado un buen gobierno.

Una APP requiere que un esquema o marco de  trabajo que facilite la ejecución del contrato. Esto supone un esquema de comunicación de los objetivos de política que busca el gobierno, la asignación clara de responsabilidades institucionales, y aquellos aspectos que ayudan o garantizan la correcta respuesta del sector privado. Uno de los mayores problemas para el éxito de una política de APP es que el sector privado no encuentra atractivo participar. El sector privado participa porque existe una propuesta que es comercialmente atractiva y sostenible.

El Estado debe emprender aquellos proyectos que no resultarían atractivos al sector privado pero que son fundamentales para la población. Sin embargo, existen proyectos que pueden estructurarse de forma atractiva para el sector privado, de forma que no toda la realización, desarrollo y puesta en operación de infraestructura dependa únicamente del gobierno.

Para el sector privado resulta clave identificar, medir y mitigar los riesgos asociados al proyecto desde la estructuración del mismo.  Sea con recursos propios o con recursos de financiación, el sector privado necesita encontrar los mecanismos que le permitan participar de un buen caso de negocio sabiendo los riesgos y complejidades en el funcionamiento del Estado pero con margen de gestiónarlos.

Que una APP sea favorable para el gobierno no significa que no tenga atractivo para los aliados privados. Los privados saben que su mejor aporte es la eficiencia y las mejoras que pueden suministrar a los usuarios públicos de los proyectos.

Muchos eventos que pudieren presentarse se contemplan en  la negociación e implementación de una APP, pero es imposible preverlos o anticiparlos a todos. De allí que la capacidad de realizar una alianza fuerte se basa en la capacidad de gestión del contrato así como  en la confianza entre gobierno y privados.
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