Peñalosa tendrá 2 días para explicar el manejo de la crisis de la basura

A más tardar en dos días el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tendrá que presentar un informe de las acciones adoptadas para evitar que la ciudad “se vea inmersa en una problemática social, ambiental y económica”.

De esta forma se pronunció la Procuraduría ante la crisis que se viene presentando con los trabajadores de la empresa Aguas de Bogotá. Así mismo invitó a las autoridades locales a buscar una salida a las reclamaciones de 3.200 trabajadores cesantes de Aguas de Bogotá.

El objetivo es "reducir, mitigar y corregir los impactos ambientales negativos causados por la deficiente operación del servicio de recolección de basuras; lo cual a su vez está generando alteración de la calidad del aire, del suelo, y grandes situaciones sociales y de orden público”.

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El ente control explica que la declaratoria de ‘Emergencia  Sanitaria y el Estado de Prevención Ambiental o Alerta Amarilla en Bogotá‘, no exime de responsabilidad del Distrito Capital de garantizar la continuidad de los servicios públicos.

Tampoco exime a la Alcaldía de evitar la "proliferación de olores ofensivos, cambio de la calidad de visual del paisaje urbano, alteración de las características físico químicas de las fuentes receptoras de vertimientos de lluvias, y posibles afectaciones de los ecosistemas”.

La Procuraría General de la Nación insta y cita a las partes para que en las próximas horas se sienten de manera urgente en una mesa de trabajo y definan una solución.

La solución que se aplique debe respetar “el derecho al trabajo, la dignidad humana, la estabilidad reforzada y todas las medidas que impliquen el bienestar de los trabajadores cesantes”, añade en el comunicado de prensa.

Según la Procuraduría, su despacho ha acompañado las mesas de trabajo lideradas por la Personería Distrital en relación con la situación laboral de 3.200 trabajadores y la imposibilidad de seguir prestando el servicio, según lo decidió el Tribunal Contencioso Administrativo de Bogotá.

“Se convocó a los nuevos operadores con el fin de buscar posibles alternativas de vinculación laboral y atender los reclamando frente a una presunta vulneración al derecho al trabajo, la protección laboral y el mínimo vital, y se encontró que 2.900 plazas se ajustan a los perfiles de la población cesante”, dijo el ente de control.

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