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| Foto: Archivo Semana

DESFALCO

Procuraduría inhabilitó a 14 exfuncionarios de la Dian condenados por desfalco

La Procuraduría General de la Nación inhabilitó y destituyó a 14 exfuncionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por su participación en una banda que desfalcó a la Dian y en la que participó la ya conocida Blahca Becerra.

6 de julio de 2017

Fabio Iván Escobar Salazar, Henry Fernando Ávila Nieto, Jenny Patricia Chocontá Fonseca, María Paulina Rubio Quijano, Gustavo Vanegas Téllez, William Ribero Valderrama, Luz Mery Guevara Borbón, Alfredo Farías Sepúlveda, Ruth Virginia Díaz Velasco, Hervin Enrique Martínez Calvera, Plinio Callejas Vallejo, William Gutiérrez Contreras, Jhon Wilson Barrios Torres, y Óscar Javier Ceballos Acosta son los 14 funcionarios de la Dian que fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría General.

El grupo participó de un cartel que desfalcó a la Dian a través de recobros irregulares del IVA, cuando su tarifa general era de 16%.

La Procuraduría explicó que los funcionarios fueron hallados culpables de la creación de empresas ficticias, la simulación de exportaciones y transacciones comerciales para devoluciones de saldos a favor de empresas del sector chatarrero que solicitaban cambios de dirección en el RUT registrando datos inexistentes.

Los 14 pertenecían a un cartel liderado por Blahca Becerra Segura, una exfuncionaria de la Dian que en el 2011 fue capturada y condenada a 26 años de prisión por participar junto con su mamá en un desfalco a la Dian por cerca de $50.000 millones.

Becerra fue capturada como consecuencia de las investigaciones de la Fiscalía que buscaba a los responsables de la pérdida de $200.000 millones en la Dirección de Impuestos, pero en 2013 recibió una rebaja de pena a 16 años de prisión en la cárcel El Buen Pastor por su colaboración con el proceso.

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En esta oportunidad, la Procuraduría advirtió que “el grupo de servidores públicos de la DIAN que se vinculó a la organización delictiva de Blahca Jazmín Becerra Segura le brindaba un apoyo fundamental para el desarrollo de sus actividades delictivas que iba desde la facilitación de los trámites administrativos que tuvieran a su cargo, de manera directa, en la dirección de impuestos, hasta el compromiso de mantener en silencio su conocimiento de las irregularidades cometidas, lo que impedía que se adelantaran los trámites pertinentes de verificación posterior a la devolución, los que hubieran podido desarrollarse hasta dos años después de entregadas las devoluciones”.

Además la entidad trasladó al Juzgado 28 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad el caso por la omisión de Becerra Segura a atender los requerimientos de la Procuraduría para rendir testimonio durante el proceso de investigación del ente de control.

En la misma línea, envió a la Regional de Cundinamarca un reporte sobre los funcionarios del Inpec que no trasladaron a Becerra Segura para atender los requerimientos de la Procuraduría, pese a que tenía aprobación de la cárcel El Buen Pastor para asistir y no entregaron explicación o justificación legal.

La entidad de control también remitió a la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Unidad Administrativa Especial del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, las actuaciones de Martha Consuelo Beltrán Castro, Fernando Alirio Plazas Contreras y Omar Leonidas, funcionarios de Bogotá que estarían vinculados por la fiscalía 58 Grupo de Tareas Dian a las investigaciones por este caso de desfalco a la autoridad tributaria.

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