Para conjurar la desorganización del apoyo a la mipyme, Acopi y el Cinset han liderado la toma de conciencia sobre la necesidad de un sistema nacional de apoyo. Juan Alfredo Pinto, presidente de Acopi.

| 2/8/2003 12:00:00 AM

Problemas en la red

La desarticulación entre las entidades de apoyo a la mipyme ha dejado al empresario perdido en un laberinto de opciones. La propuesta es crear una red para optimizar los esfuerzos.

"El sector está en boca de todos, pero en manos de nadie". Así se refiere un analista a la desorganización y desarticulación en que están las instituciones de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia.

Probablemente, muchos de sus colegas estarían de acuerdo. Con el surgimiento de múltiples entidades de apoyo a la mipyme en Colombia, también ha nacido un problema de coordinación entre ellas. Por ejemplo, es común que un empresario reciba varias invitaciones a distintos seminarios o programas de apoyo que tratan en esencia el mismo tema. Tampoco es raro que un empresario tenga que aplicar para recibir los mismos recursos de cofinanciación que ofrecen el Sena, Colciencias o el Fondo para la Modernización y el Desarrollo Tecnológico de las Mipyme (Fomipyme), pero que cada institución tenga distintos criterios de evaluación y financiación.

Y todo esto si el empresario tiene la suerte de saber exactamente qué podría tener a su alcance. Un directorio compilado por la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, registra un sinnúmero de institutos de apoyo para la mipyme en Colombia. Con tantas opciones, cualquier empresario seguramente se sentiría perdido. De hecho, en un estudio sobre la competitividad de Colombia, la Corporación Andina de Fomento (CAF) encontró que la falta de conocimiento por parte del empresario sobre los programas a su alcance es un obstáculo para su competitividad. Por otro lado, el estudio encuentra que la desorganización de las instituciones de apoyo, específicamente gremios, tampoco ayuda. Los gremios no eliminan la fragmentación de los sectores, de tal manera que la información no fluye entre los agentes. Si bien estos podrían articular mejor las fuentes de información, hay quejas sobre la calidad de esta.



La luz al final del túnel

Sin embargo, esto no tiene que ser siempre así. De hecho, las entidades de apoyo en Colombia están empezando a cooperar para trabajar específicamente para la pyme. Las ventajas de una mejor coordinación se reflejarían no solo en la eliminación de los problemas mencionados anteriormente, sino en la creación de una visión más estratégica del sector y sus problemas, los cuales se empezarían a enfrentar de una manera sinérgica.

Iniciativas como los Centros de Desarrollo Empresarial, los Centros de Desarrollo Productivo regionales y los convenios de competitividad exportadora son ejemplos de cooperación interinstitucional que, además de contar con un ente organizador que aglutina y lidera las iniciativas públicas y privadas, formulan metas y políticas que permiten administrar mejor la ayuda a la pyme.

Los Centros de Desarrollo Empresarial inicialmente surgieron como iniciativa de Confecámaras y se llevaron a las principales ciudades del país por medio de las Cámaras de Comercio. Estos centros tienen como socios varias instituciones públicas y privadas, las cuales aportan a su funcionamiento desde recursos hasta apoyo logístico.

Estos centros crean un mercado de consultoría para la pyme colombiana. Unen al empresario con uno de los 1.200 consultores de cualquier campo de conocimiento que los centros tienen a su disposición. "No tenemos el conocimiento para resolver los problemas del empresario pyme", dice Víctor Manuel Palacios, director nacional de los centros, "pero sabemos quién sí". Y en este sentido, estas entidades facilitan y coordinan desde proyectos individuales para el empresario hasta proyectos más grandes desarrollados en conjunto con otras instituciones.

Específicamente, los centros se han comprometido en entregar 500 pyme certificadas para exportar. Con un costo de $8.000 millones, este proyecto cuenta con recursos por $2.000 millones del SENA, $1.200 millones de las Cámaras de Comercio, $300.000 millones de Proexport y $500.000 millones del Ministerio de Desarrollo Económico con los restantes $4.000 millones de contrapartida de los empresarios.

En el nivel regional, la necesidad de aglutinar y liderar es crucial. Por ejemplo, los Centros de Desarrollo Productivo (CDP) son entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan sectorialmente por las mipyme de cada región de la mano de otras entidades públicas. En Bucaramanga, el Centro de Desarrollo Productivo de Confecciones, con la ayuda de la Universidad Industrial de Santander, aglutinó a siete empresas del sector de confecciones para implementar sistemas de producción modular. Con la ayuda de Nicole, empresa confeccionista de Pereira, el proyecto costó $128 millones, de los cuales Fomipyme puso el 48% de los recursos, la gobernación de Santander 20%, los empresarios 23% y el CDP 7%. Incluso, la Alcaldía aportó recursos para la instalación de una escuela de capacitación fundada gracias al proyecto. De hecho, en 2001, Santander fue el tercer departamento que más recursos de cofinanciación no reembolsables recibió de Fomipyme.

Por otro lado, a veces es necesario crear o fomentar proyectos concretos. Ante la evidencia de que muchas de las reuniones "estratégicas" entre empresarios pyme se quedaban en el tintero, el Sena y Colciencias tomaron cartas en el asunto. Concretamente, decidieron ponerles dientes a los Convenios de Competitividad Exportadora firmados entre el gobierno y varios sectores económicos. Y en 2002, por primera vez, estas entidades cofinanciaron proyectos enmarcados dentro de estos convenios para pymes valorados en casi $4.000 millones. Igualmente, Colciencias y Fomipyme abrieron una convocatoria por casi $1.500 millones para apoyar tecnológicamente cadenas productivas identificadas por el Ministerio de Comercio Exterior.

Y si tradicionalmente se aduce la falta de coordinación entre la academia y los demás entes de apoyo, en este frente también hay logros. Así, Acopi logró el apoyo conjunto, antes impensable, de la Universidad Industrial de Santander y de la Universidad Javeriana para fomentar el sector metalmecánico de Santander. Como resultado: cuando en 1996, Ecopetrol hacía compras a proveedores nacionales por solo $300 millones, en 2001 estas ascendieron a $6.000 millones. Y por otra parte, el apoyo de las universidades a programas como Expopyme de Proexport ya se ha consolidado con éxito.

La banca de desarrollo también da ejemplo. Explícitamente, la cesión de activos y pasivos financieros del Instituto de Fomento Industrial (IFI) a Bancoldex permitirá remediar las dificultades de fondeo y de operación que aquejan al IFI. Implícitamente, el fortalecimiento por parte del gobierno y el apoyo del Fondo Nacional de Garantías ha desatado el flujo de crédito hacia la pyme no solo para la banca de fomento sino para la comercial.

Estos son solo algunos ejemplos, pero atestiguan la mayor articulación de las entidades de apoyo. Para muchos agentes del sector, la comunicación que hay entre diversas entidades públicas y privadas no existía antes. "La comunicación entre el sector de apoyo es notablemente mejor de lo que una vez fue. Más aún, muchas entidades se han especializado en sus servicios eliminando la persistente duplicidad de funciones que se encuentra en este sector", dice Ricardo Garzón, de Acopi. Para otros, el papel del Estado en unir al empresariado mipyme con las instituciones a su disposición ha sido ejemplar. "El Estado está mostrando el modelo de cooperación interinstitucional y el sector privado todavía necesita aprender de él", dice Palacios del CDE.

Esto tiene sentido, dado que muchas de las instituciones involucradas son estatales. "Creo que hay mucha gente trabajándole a esto. No quisiéramos que alguien se adueñara del tema; ni siquiera nosotros, porque las necesidades son muchas. Pero sí nos ha correspondido articular estos esfuerzos", dice Carlos Zarruk, viceministro de Desarrollo Económico. En este sentido, en octubre, el Estado convino con la Asociación Bancaria y 23 bancos privados que estos desembolsen recursos por $310.000 millones en los próximos 12 meses a microempresas, lo cual casi duplicaría la cartera de microcrédito vigente hasta noviembre de 2002. En los primeros 4 meses, los desembolsos superan los $102.000 millones y se espera que hasta diciembre sobrepasen los $140.000 millones.

Pero el éxito de este tipo de iniciativas requiere el conocimiento específico que tienen entidades regionales acerca del particular funcionamiento de las microempresas, por lo cual la función del Estado es mucho más importante. Microbanco es una estrategia recién lanzada entre el gobierno, la fundación Mario Santo Domingo y 7 fundaciones de la Costa Atlántica que ofrecerán capacitación a 50.000 microempresarios de la región para facilitarles el acceso al microcrédito por parte de la banca comercial. Si se quiere colocar $4 billones en el sector mipyme en los próximos cuatro años, como se lo ha propuesto el gobierno, "necesitamos que la colocación de crédito en el sector sea rentable y autosostenible sin recurrir a la banca de desarrollo; por ello, el Estado tiene que poner en movimiento a los actores".



Pero todavía falta

Todos estos ejemplos de coordinación interinstitucional locales son prometedores. Sin embargo, para muchos, los esfuerzos tienen que estar mejor articulados desde una instancia superior. "Nosotros, las entidades de soporte para la pyme, estamos conscientes de la necesidad de coordinarnos mejor y hasta alcanzamos a hacer unas reuniones, pero de ahí no pasamos", dice un analista del sector.

La preocupación por la dirección del sector existe. Con esta preocupación en mente, Acopi y el Centro de Investigaciones Socio Económicas, Cinset, vienen desarrollando congresos de instituciones de apoyo a las pyme para dar, aunque sea, una luz de articulación a mayor escala. "Trabajamos bien alrededor de proyectos concretos y bien enfocados, pero en un nivel más amplio todavía nos cuesta trabajo", dice un directivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, "y queremos entrar de lleno en este tema. La metodología para conformar redes de apoyo existe, pero es necesario implementarla".

Irónicamente, la conformación de un sistema nacional de articulación sí existe, aunque sea en potencia. La Ley 590 de 2002 o Ley Mipyme fue un gran avance para el sector por los instrumentos que le dio y por la infraestructura de política pública que en teoría creó. Sin embargo, partes de esta Ley, y en particular lo referente a la articulación del sector, no se han llevado a cabo en la práctica. Un ejemplo de esto tendrían que ser los Consejos Regionales de Mipyme. Creados en marzo de 2001, estos cuerpos, conformados por representantes del sector público y privado, deben propender por el desarrollo y fortalecimiento regional de la mipyme. Además de su articulación con las políticas nacionales y regionales y con las organizaciones que trabajen en el mismo frente. Sin embargo, estos cuerpos articuladores no han dado los resultados esperados. Hasta ahora, solo hay 11 consejos de estos, muchos de ellos inoperantes, y departamentos tan importantes y mayores receptores de recursos de Fomipyme como Santander, Antioquia y Cundinamarca, hasta la fecha, no tienen consejo. Y, por lo general, hay desinformación y hasta ignorancia total acerca de su existencia. Como dice un observador regional: "sé de ellos, pero no les creo hasta que los vea".

Entonces, como dice Juan Alfredo Pinto, presidente de Acopi y uno de los redactores de la Ley Mipyme, la Ley 590 establece un buen marco dentro del cual actuar, ahora falta articular los instrumentos que ofrece. En este sentido, el gobierno Uribe quiere actuar. La propuesta del gobierno, que se basó en una hecha por Acopi y el Cinset, es crear un sistema nacional de apoyo a las mipyme. El espíritu del sistema, como lo describe la propuesta de estos organismos, es aglutinar al sector en todos sus aspectos, articular sus instituciones de apoyo y promoverlo integralmente.

En buena parte, la propuesta busca realizar el potencial de la Ley 590. Así, el sistema funcionaría con las normas que la Ley creó, como los Consejos Regionales y Comités locales, y sobre las espaldas de las instituciones, que como las mencionadas arriba y muchas más ya trabajan para el sector. Pero el sistema, con un centro de coordinación en cabeza del viceministro de Desarrollo, también serviría para darle orden al sector. De esta manera, velaría por que se cumpla efectivamente lo estipulado en la Ley y no se dupliquen funciones.

El gobierno ha mostrado entusiasmo por la idea y ya tiene en mente no solo hacer funcionales los Consejos Regionales existentes, sino duplicarlos en 2003. Es probable que muchas instituciones de apoyo quieran ver un sistema como este. Y seguramente el más entusiasta sería el empresario mipyme. Sin embargo, esto no será fácil, aun con la voluntad de muchos. Un sistema de esta naturaleza debe cumplir la ambiciosa tarea de sentar y coordinar a una variedad de instituciones públicas y privadas que hoy funcionan como satélites. Y, si bien hay una creciente comunicación entre distintas entidades, falta camino por recorrer. Pero la tarea vale la pena para que un sector, que es el pulso de un país, pueda pasar de la boca de muchos a las manos de todos.
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