| 12/6/2013 6:00:00 PM

Colombia y su antigua deuda con el campo

El país es de las pocas naciones del mundo que nunca ha promovido una reforma agraria, y desde hace décadas lucha con las consecuencias del latifundismo y el control de la tierra, que han sido el germen de la violencia.

Los sucesivos gobiernos de Colombia, con un marcado sesgo centralista, han contraído una deuda histórica con un campo que acumula males endémicos como el aislamiento, la pobreza, la vulnerabilidad ante el conflicto armado, la concentración de la tierra y otras condiciones que dificultan su competitividad.

Según el Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 52 % de la gran propiedad de las tierras está en manos del 1,15 % de la población, mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas posesiones. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nacieron en 1964 con un sustrato campesino y la convicción de que el reparto de la tierra debía experimentar una transformación total, pero a esta lucha se sumó después el concepto de dominación a partir de la posesión de la tierra, que acuñaron todos los actores del conflicto.

Tal es el atraso que padece el campo colombiano que el último censo agropecuario data de hace 43 años, lo que ha motivado que el Gobierno de Juan Manuel Santos pusiera en marcha la realización de un nuevo registro que comenzó a trabajarse el pasado 27 de noviembre por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).

Santos también ha puesto en marcha una de las políticas sociales más necesarias para solventar la crisis social del campo a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que desde enero de 2012 trabaja en la devolución de terrenos usurpados durante el conflicto. Por el momento, 370.000 víctimas han sido beneficiadas con la devolución de sus tierras, según ha anunciado el Gobierno, aunque estas personas se enfrentan todavía a la violencia de los grupos narcoparamilitares que están en contra de la restitución.

En el marco del proceso de paz entre el Gobierno y las FARC también se identificó el punto del desarrollo rural y el reparto de la tierra como una clave para solucionar el conflicto, y las partes ya han firmado un preacuerdo que plantea una suerte de reforma agraria y el reparto de un banco de tierras del Estado o baldíos. Pero todos estos esfuerzos contrastan con un modelo de desarrollo centrado en un sector minero-energético dominado por multinacionales y que resta tierras a la explotación agropecuaria, deteriorada según un informe de la ONG Oxfam por la proliferación de Tratados de Libre Comercio (TLC) con países proteccionistas con su sector agropecuario.

El descontento de la Colombia rural, aislada en rincones abandonados por el Estado sin carreteras ni condiciones mínimas de habitabilidad, ha llegado en este 2013 a su máximo nivel, por lo que el sector agropecuario se ha lanzado a las calles en varias ocasiones. La última, el pasado martes en Bogotá, para reclamar que el Gobierno cumpla los acuerdos que pusieron fin a las huelgas de los pasados meses de agosto y septiembre.

El representante de los lecheros en las negociaciones abiertas con el Gobierno tras las huelgas, Giovanni Vega, considera que ante la falta de respuestas del Estado, los productores agropecuarios tienen que "encontrar soluciones estructurales" por su propia cuenta porque no pueden sentarse a esperar a que todo en el país se arregle con un acuerdo de paz con la guerrilla.

Los campesinos denuncian además que el Gobierno no haya emitido el decreto para imponer salvaguardas a la importación de productos que se cultivan en Colombia, como la papa, la cebolla y el tomate procedentes de países con los que hay acuerdos de libre comercio suscritos, ni tampoco ha cumplido compromisos en cuanto a los créditos. No obstante, como afirmó esta semana el presidente de la Junta Directiva de la Federación de Arroceros (Fedearroz), lo que se espera del Gobierno no son "ayudas asistencialistas", sino "inversión en competitividad".


EFE/D.com
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