| 2/27/2015 9:00:00 AM

Aumenta presupuesto para reparar víctimas

Pasa de los $7,4 billones a $7,9 billones, lo que equivale al 1% del PIB.

Para priorizar la asistencia, atención y reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo ‘Todos por un nuevo país’ destina 7,9 billones de pesos en 2015, lo que equivale aproximadamente al 1% del PIB.

Este esfuerzo fiscal representa un crecimiento del 6% en el presupuesto al pasar de $7,4 a $7,9 billones pese a la reducción en ingresos, y es la ratificación del compromiso del Gobierno Nacional de no disminuir los recursos dirigidos a víctimas para asegurarles el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

Las metas señaladas en las bases del PND son indicativas y responden al mínimo con el cual el Gobierno Nacional se compromete durante el cuatrienio; entendiendo que el esfuerzo y compromiso es mayor y en esta medida, las acciones estarán siempre dirigidas a poder llegar a todos los hogares y víctimas.

Por ello, en el articulado del Plan que está a consideración del Congreso se establece que en todas las acciones que contemplan las distintas estrategias los recursos y la oferta deben ser priorizados en víctimas del conflicto armado que ha vivido el país por décadas.

Esto significa que las acciones en materia de trasformación del campo (cierre de brechas) y movilidad social (pobreza, empleo, generación de ingresos, educación, salud) están orientadas a garantizar los derechos de las víctimas que se encuentran en situación de pobreza, pobreza extrema o que emprenderán un nuevo proyecto de vida en el campo.

La atención, asistencia y reparación integral de víctimas no solo es un esfuerzo exclusivo del Gobierno, sino del Estado en su conjunto, por lo que a las metas establecidas se les debe sumar los esfuerzos que desde el nivel territorial se están haciendo para garantizar los derechos de la población.

Colombia ha indemnizado a más de 473.000 víctimas del conflicto armado, 300 sujetos colectivos han iniciado su proceso de reparación colectiva y más de 107.000 víctimas han recibido algún tipo de atención psicosocial en medio del conflicto armado que afecta al país

Estos resultados se han alcanzado gracias al buen comportamiento en la ejecución del presupuesto asignado al Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, que ha estado en constante crecimiento desde que se creó.

Su asignación ha aumentado anualmente para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. De hecho el presupuesto del Sistema se ha incrementado en un 97% con respecto al año 2010.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 ‘Todos por un nuevo país’ el Gobierno Nacional trazó unas metas en reparación de víctimas consistentes con el marco fiscal del país y realistas con la actual situación económica mundial, afectada por la caída de los precios del petróleo.

“Es un Plan ambicioso pero realista, por lo que no vamos a crear falsas expectativas; lo que queremos es cumplir lo que prometemos", afirmó Simón Gaviria Muñoz, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), al reiterar su convicción de que “reparar a las víctimas es construir paz”.

Para dar cumplimiento a las responsabilidades en materia de justicia transicional y los derechos de las víctimas, el Gobierno ha impulsado nuevas formas de financiamiento. Tal es el caso de los aportes hechos por la cooperación internacional.

Además de la cooperación brindada por USAID y otros cooperantes, en este mes se celebró la firma de un convenio con el Banco Mundial y el Gobierno de Suecia por un valor cercano a los 7 millones de dólares, que se destinarán a la reparación colectiva de comunidades y organizaciones sociales víctimas del conflicto.

“La reparación para las víctimas del conflicto armado es sagrada. El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos dio el primer paso con el reconocimiento y con la reparación integral de quienes más han sufrido las consecuencias de la guerra”, sostiene Paula Gaviria Betancur, directora de la Unidad para las Víctimas.

Dentro de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo hay una amplia oferta social orientada a reparar de manera integral a las víctimas del conflicto armado y garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales.

Para lograrlo, están contempladas varias estrategias, entre ellas reforzar el rol de la Unidad de Víctimas del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas, que agrupa a las entidades responsables de generar bienes y servicios para la materialización de los derechos de los afectados.

Estabilización del Registro Único de Víctimas

La Unidad para las Víctimas viene desarrollando ejercicios de análisis y lectura del Registro Único de Víctimas, orientados a demarcar cada vez con mayor exactitud el universo general de víctimas y los que pueden considerarse como sub-universos activos e inactivos en términos de demanda de atención y reparación.

El carácter del RUV también responde a la necesidad del reconocimiento de la victimización desde una perspectiva de justicia transicional. Es así como el universo de víctimas que demandan atención y reparación integral es menor al número total de víctimas registradas y reconocidas.

Por eso, de las 7.201.034 víctimas actualmente en el registro -que representan el 14% de la población colombiana- alrededor de 5.548.431 millones son sujeto de atención y reparación en el marco de la Ley.

La consolidación de los datos ha permitido, entre otros avances, reducir el número de personas sin identificación dentro del RUV y actualizar novedades de cada persona, tales como cambios en la dirección del hogar o la configuración familiar (personas nacidas o fallecidas en el hogar con posterioridad al registro).

Según lo estipulado en la Ley 1448 de 2011, el próximo 10 de junio vence el plazo para declarar la condición de víctima ante el Ministerio Público para aquellas personas que hayan sufrido hechos por causa del conflicto armado entre el 1 de enero de 1985 y el 10 junio de 2011. Luego de este primer corte será posible contar con una estabilización inicial del registro oficial.
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