| 9/15/2014 7:40:00 AM

Se acaba la plata para los escoltas

El Gobierno retirará antes de finales de año el 15% de los esquemas de seguridad que otorga a personas amenazadas debido al déficit millonario que arrastran por el aumento de peticiones de protección y escándalos de corrupción.

"La situación es muy delicada porque afecta a esquemas que ya están funcionando. Nos faltan $70.000 millones para mantenerlos hasta final de año", reconoció en entrevista a Efe el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar. Por este motivo, anunció que mañana presentarán al Ministerio de Interior una lista preliminar con 150 personas cuyos esquemas "pueden ser retirados a corto plazo".

La UNP protege actualmente en Colombia a casi 7.500 personas que reciben amenazas de muerte principalmente de grupos paramilitares, que suponen 40% del total, seguidos por las guerrillas de las FARC y el ELN (30 %) y amenazas de políticos locales (15%), entre otros.

Aproximadamente 4.000 de los protegidos reciben ayudas como teléfonos móviles para avisar a las autoridades o chalecos antibalas, mientras que hasta 1.800 personas cuentan con esquemas de protección que incluyen un coche blindado y dos escoltas. Es este último grupo el que se recortará, pues Villamizar insiste en que la crisis que atraviesan afecta únicamente a los esquemas, muchos de los cuales solo podrán mantenerse hasta finales de este mes. "Por eso estamos pidiendo recursos al Ministerio de Hacienda, pero por otro lado estamos haciendo una revisión estructural para ver qué esquemas se pueden retirar", explicó.

La orden de recortar llegó directamente del presidente, Juan Manuel Santos, aseguró Villamizar, y afectaría principalmente a "exfuncionarios que ya no ejercen un cargo público que les genere riesgo y que además viven en lugares tranquilos como Bogotá".

La UNP calcula que el coste de un esquema de seguridad puede llegar hasta $250 millones al año, y que su presupuesto para 2014, cifrado en $380.000 millones, se les ha quedado corto. "Así hagamos el ajuste, la demanda está aumentando a un ritmo bastante alto. Hay una disparidad entre la mejoría de la seguridad objetiva del país frente a las solicitudes de protección, que obedece a que el programa funciona bien, somos un poco víctimas de nuestro propio éxito", apuntó Villamizar.

El último gran ejemplo de que las amenazas se incrementan pese al proceso de paz que el Gobierno y las FARC desarrollan desde noviembre de 2012 en La Habana se produjo esta semana, cuando diversas ONG denunciaron amenazas de muerte a más de 91 defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto.

Se trató en total de 3 listas algo diferentes entre sí que el grupo paramilitar Águilas Negras envió en varios correos electrónicos, en los que instaron a los activistas a abandonar el país en 15 días. "Hemos cotejado las tres listas y hay 86 nombres en común. De todos los amenazados, cuyo número ronda los 100, hemos conseguido obtener datos de contacto de la mitad, y actualmente estamos verificando el peligro que corren", comentó el funcionario. Para ellos se implantarían medidas de seguridad "adicionales" a las que no afecta el déficit, remarcó Villamizar, pero el problema es que varios de los integrantes pueden necesitar esquemas completos para los que "obviamente no hay dinero".

El otro gran causante de la escasez es el escándalo de corrupción que salpicó a la UNP el pasado agosto, cuando se descubrió que funcionarios de la institución habían desviado hasta 600 millones de pesos colombianos (unos 300.600 dólares) de los contratos que mantienen con empresas privadas de seguridad, aunque se estima que la cantidad es mucho mayor.

El líder de la trama habría sido el ahora exsecretario de la Unidad Julián Marulanda, que se fugó a Estados Unidos tras conocerse el fraude. "Este caso ha afectado la confianza que tenemos en las empresas, porque ellas han colaborado con la corrupción", apuntó Villamizar. La UNP otorgó la concesión de la seguridad a las empresas Protección 33, Esquemas de Protección Siglo XXI y Sevicol-Superior cuyo contrato está valorado en más de 165 millones de dólares para dos años y medio.

Actualmente, el 76,7% del funcionamiento de la protección en el país está en manos privadas, explicó a Efe a principios de año el portavoz de Somos Defensores, Carlos Guevara.

Esta organización, compuesta por varias ONG, denunció en un informe presentado en febrero que los líderes sociales y defensores de derechos humanos protegidos por la UNP solo representan 7,4% del total, que se completa con miembros del Gobierno, políticos, magistrados, sindicalistas, periodistas e incluso desmovilizados de grupos armados ilegales.


EFE/D.com
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