Presentado proyecto de Ley de Víctimas del conflicto armado

Durante el acto de presentación, el mandatario señaló que en esa nueva Ley de Víctimas, a propuesta del Partido Liberal, no habrá discriminación para las víctimas, es decir, que serán reparadas por igual las personas que resultaron afectadas por guerrilla, los paramilitares y por los agentes del Estado.

El proyecto contempla medidas como asistencia en salud y educación, ayuda humanitaria de reacción ante nuevos hechos de violencia y de restitución de tierras, para que estas víctimas puedan volver al estado en que se encontraban antes de que sus derechos fueran vulnerados.

"Será la hoja de ruta para ejecutar una reparación integral a las víctimas" en un periodo de quince años, matizó Santos, al aclarar que en ese lapso se espera "reparar social, económica, psicológica y simbólicamente a cerca de cuatro millones de desplazados y víctimas de otros delitos derivados de la violencia".

El jefe de Estado agregó que ya hay asignados $40 billones (unos US$22.100 millones) para atender a esas víctimas y repararlas. "Son cerca de un millón de familias colombianas que han sufrido los estragos del drama nacional, y escuchen bien porque esto es muy importante: el propósito fundamental que tenemos es que las víctimas reconstruyan sus propios proyectos de vida. Esa es la columna vertebral de la ley", agregó.

Santos explicó que la restitución se realizará a través de herramientas como la indemnización por vía administrativa, entrega de recursos para inversión o adquisición de tierras y apoyo a proyectos productivos.

Asimismo, las víctimas tendrán prioridad en el acceso a subsidios y créditos blandos para vivienda, mientras que los menores de edad reconocidos como víctimas podrán obtener una indemnización que se mantendrá en encargo fiduciario "hasta que alcancen cierta edad".

"¡No discriminaremos a ninguna víctima!", puntualizó el presidente en alusión a una iniciativa anterior que no contaba a las víctimas de crímenes cometidos por agentes estatales y que se cayó en el Congreso durante el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).