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El Gobierno Nacional aspira a combatir de manera más efectiva todos los delitos asociados al lavado y a la financiación del terrorismo, que según las cuentas de la ONU deja utilidades al año US$2,1 billones (millones de millones).

| 4/12/2013 5:00:00 PM

Preparan documento Conpes “antilavado”

Este viernes se realizó la primera reunión ‘PreConpes’ para analizar los lineamientos de la que será la nueva política de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Colombia.

Se trata de un encuentro previo entre técnicos del Gobierno Nacional, que sirve de preparación para elaborar el documento del Consejo Superior de Política Económica y Social (Conpes) que definirá las nuevas líneas de política en esta materia y que será aprobado en mayo próximo.

Aunque el Gobierno Nacional ha tenido lineamientos claros sobre el tema del lavado de activos, el documento aspira a concretar esos principios, que servirán de acción para todas las entidades públicas en la tarea de enfrentar estos ilícitos.

Justamente, una de las entidades encargadas de esta política es la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), que acaba de lanzar el primer curso online para la lucha del lavado. Se trata de una plataforma online, que está al servicio de cualquier ciudadano en la página web www.uiaf.gov.co.

El proyecto fue financiado por la Embajada Británica en Colombia y contó con la asesoría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (Unodc).

Con todas estas acciones, el Gobierno Nacional aspira a combatir de manera más efectiva todos los delitos asociados al lavado y a la financiación del terrorismo, que según las cuentas de la ONU deja utilidades al año US$2,1 billones (millones de millones) y lava en la economía mundial unos US$1,6 billones.

El director de la Uiaf, Luis Edmundo Suárez, aseguró que menos del 1% de estos recursos son interceptados por las autoridades.

Suárez, durante la presentación de los cursos online, ratificó que la lucha antilavado en Colombia cada vez da mejores resultados, pues actualmente las autoridades nacionales tienen cerca de US$400 millones en activos afectados por medidas cautelares; además, cerca de US$3.000 millones están listos para iniciar procesos de extinción.

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