| 10/29/2012 2:00:00 PM

¿Por qué se niega la Policía?

Mientras la Casa de Nariño entregó un detallado reporte de los sueldos y viáticos recibidos por el general retirado Mauricio Santoyo cuando era jefe de seguridad de la Presidencia, la Dirección General de la Policía se abstuvo de entregar detalles de sus ingresos.

La información, que resulta de especial importancia en momentos en que el Estado colombiano evalúa la posibilidad de que Santoyo –beneficiario de un arreglo judicial en Estados Unidos- responda al menos por enriquecimiento ilícito, fue solicitada por Dinero.com con el propósito de confirmar que los $15.000 millones a los que llegan los bienes de Santoyo no guardan proporción con el volumen de los ingresos que obtuvo legalmente como oficial de la Policía.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República detalló que durante los tres años de comisión en la sede del Gobierno, cuando Santoyo ostentaba el grado de coronel, recibió en total un poco más de $275 millones por concepto sueldos y viáticos para la realización de 118 viajes nacionales y 23 internacionales.

En contraste, la directora Administrativa y Financiera, brigadier general Luz Marina Bustos Castañeda, respondió negativamente un derecho de petición debidamente tramitado y les dijo a los periodistas que si querían saber el monto de los ingresos de Santoyo debían obtener una autorización por escrito del oficial (Ver los documentos adjuntos con una y otras respuestas).

La respuesta de la general Bustos, encargada de responder la petición enviada originalmente al Director General de la Policía, suscitó una división de criterios en la propia institución armada. Algunos oficiales dijeron que la respuesta pone a un medio de comunicación ante un “imposible fáctico”, ya que Santoyo se encuentra detenido en Estados Unidos, ante cuya justicia confesó haber colaborado con grupos paramilitares.

Estimaron que tampoco es objetivo hablar de Santoyo como “oficial en uso de buen retiro” después de que la Procuraduría lo destituyó, así el fallo haya sido luego anulado por la justicia contenciosa administrativa.

“Los derechos a la intimidad y al buen nombre no son absolutos. La Corte Constitucional ha dicho que el primero se hace relativo cuando las conductas del titular afectan directamente el servicio público que presta. En cuanto al segundo, es deber de ese mismo titular defenderlo y eso no es propiamente lo que ha hecho Santoyo”, dijo otro alto oficial.

Por ahora la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía lleva a cabo una dilatada indagación sobre los bienes de Santoyo y no hay certeza sobre la fecha en la que se harán públicos sus resultados.

De acuerdo con una investigación de Revista Dinero, con la venta de uno solo de sus apartamentos en Bogotá, el general ( r) Mauricio Santoyo podría saldar deudas con la justicia de Estados Unidos. Pero si quisiera, podría dejar intacto su patrimonio inmobiliario y disponer de solo dos de los quince caballos de paso que tiene en un criadero en la población cundinamarquesa de Funza.

El lunes 20 de agosto, el ex oficial se comprometió ante un juez de la Corte del Distrito Este de Virginia a pagar una multa por US$250.000 más una “cuota punitiva extraordinaria” de US$100.000. Al depositar esas suma, que al cambio actual equivaldría a cerca de $700 millones colombianos, a Santoyo solo le quedaría pendiente purgar, bajo el régimen de libertad controlada, una pena de entre diez a quince años de prisión.

El supuesto de que la Corte le impusiera la pena más alta por el único delito que confesó –apoyo a narcotraficantes y a jefes paramilitares colombianos- Santoyo podría llevar una vida apacible en Miami hasta que tuviera 77 años de edad y su caso ya no revistiera mayor interés para la justicia colombiana.

A menos que consiguiera su extradición de Estados Unidos, el Estado colombiano solo podría perseguir el patrimonio familiar del ex jefe de seguridad de la Presidencia y ex director del Gaula para resarcirse de los daños que este le causó con la conducta ilegal que observó cuando vestía el uniforme de la Policía Nacional.
                                                               
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