| 1/18/2012 6:00:00 PM

Pleito mayor

La recusación al Director ejecutivo de la CRC por parte de Comcel está en manos de la Procuraduría.¿Cuáles son sus alcances?

Hace dos años, la entonces Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) tomó una de las medidas más duras que se recuerden contra una empresa. Declaró a Comcel como ‘operador dominante en el mercado de voz saliente móvil’, lo que significaba que su participación era tan grande que podría aprovecharla para prácticas monopolísticas que afectaran todo el mercado.

A pesar de su oposición inicial, la compañía terminó aceptando varias regulaciones que incluían reducir la diferencia en el monto que Comcel cobraba por una llamada entre dos de sus clientes y el que facturaba cuando la comunicación se originaba en su red y terminaba en el teléfono de un competidor. Además del análisis técnico y de mercados que realizó la CRT, estas medidas tuvieron en cuenta la opinión de todos los actores del sector, desde operadores hasta expertos y usuarios.

El año pasado, la ahora Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) decidió crear un nuevo paquete de medidas contra Comcel, que aún conserva 65% de participación, con más de 31,5 millones de líneas activas. Así, el organismo buscaba evitar el llamado ‘efecto club’, según el cual el operador motiva a sus usuarios a no salirse de su red al desincentivar las llamadas y el envío de mensajes de texto hacia otros operadores.

Aunque las normas estaban programadas para ser emitidas en el primer trimestre de 2012, estos planes cambiaron tras la designación de Carlos Andrés Rebellón como nuevo director ejecutivo del organismo oficial.

En este caso, Comcel considera que el ejecutivo no garantiza la transparencia del proceso al haber trabajado, antes de llegar a la Comisión, como asesor regulatorio en UNE –empresa que ya tiene licencia para servicios móviles 4G–. “Cuando un juez que debe dar un concepto puede no ser imparcial, debe declararse impedido”, sostiene Hilda María Pardo, vicepresidente jurídica de la empresa. El operador decidió recusar el nombramiento de Rebellón, al tiempo que pide la designación de un ‘árbitro’ que no haya estado relacionado con estos procesos en el pasado.

Según Pardo, entre las determinaciones propuestas por la CRC, Comcel tendría que mostrar sus planes antes de lanzarlos para que sus competidores decidan sobre su conveniencia. “No existe una medida similar en el planeta, pues atenta contra la estabilidad del negocio de cualquier operador”, dice.

La ejecutiva sostiene que también se propone que las llamadas sean más costosas para los usuarios de Comcel que las realicen a teléfonos de otras empresas, que aquellas generadas desde sus competidores a la red de la empresa. “El sueño de cualquier empresa es dominar su mercado. Otra cosa es sacar ventaja de esa posición para aprovecharse de sus competidores, algo que nunca hemos hecho”, agrega.

Carlos Andrés Rebellón ha preferido no hacer comentarios relacionados con el caso para evitar que “se vicie el proceso”. La CRC ya envió copias de la recusación y toda la documentación necesaria a la Procuraduría General de la Nación para que tome una determinación, al tratarse de un ente autónomo, independiente del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (MinTIC).

Así mismo, aplazó todas las determinaciones relacionadas con Comcel, hasta no tener una respuesta del ente de control. Varios analistas del mercado creen que es difícil que Rebellón sea inhabilitado, pues cumplió con los requisitos legales para ocupar su cargo –que incluyen tener experiencia de 8 años en el sector y registrar estudios técnicos en la materia–. “Si Comcel tuviera la razón, sería imposible encontrar alguien para este cargo que no presentara los mismos inconvenientes que ellos manifiestan”, dice un experto.

A esto se suma el hecho de que la comisión está compuesta por un cuerpo colegiado, donde las decisiones no las toma una sola persona, sino que responden a un consenso de todos sus miembros. Es decir, el director tiene la misma relevancia que cada uno de los otros comisionados.

Ahora el balón está en terreno de la Procuraduría, que tendrá que dar una respuesta rápida y contundente.
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