| 7/6/2012 7:00:00 AM

Piden transparencia en licitaciones de viviendas gratis

A las constructoras les preocupa que en los concursos para los proyectos de vivienda de interés prioritario aparezcan empresas sin experiencia o sociedades improvisadas que busquen enriquecerse y no entreguen los proyectos con la calidad adecuada.

Los términos que conocen los constructores para las subastas de los proyectos de Vivienda de Interés Prioritario (VIP) son generales, los establecidos en la Ley, pero no tienen claridad sobre los detalles de la construcción, los requerimientos mínimos o las condiciones urbanísticas, razón por la cual no saben si participarán o no.

Sin embargo, al gremio le preocupa lo que pueda suceder en las diferentes subastas. Inclusive, la presidenta de Camacol, Sandra Forero, destaca la importancia de que en los términos y condiciones quede claro que en los proyectos participen constructoras que realmente tengan experiencia en el desarrollo de proyectos urbanísticos.

Advierte que “en la Ley no quedó claro que es Vivienda de Interés Prioritario, pero debería acotarse. No es lo mismo  construir vivienda de estratos altos o centros comerciales que hacer Vivienda de Interés Social (VIS)”.

“Esto no puede ser para empresas que se constituyen solamente para aprovechar este programa del gobierno porque se corren riesgos”, dice Forero.

Aunque está en la Ley, la directiva del gremio señala como relevante que se cumpla el hecho de que en los últimos cinco años la persona jurídica y el representante legal del participante no sean sancionados por incumplimientos contractuales relacionados con la construcción. “Si son asociaciones o consorcios, que también se cumpla la condición para cada uno de los miembros”, dice la representante de los constructores.

Así mismo, como el proyecto se paga después de que el constructor lo termina, cree indispensable una exigente revisión antes del desembolso.

Además,  “en este esfuerzo, para un programa de 100.000 viviendas,  es bueno que se tenga en cuenta a aquellos constructores que tengan la capacidad financiera, que tienen los recursos o que tengan el aval de un banco para obtener un crédito de la dimensión que corresponda. Pero que no se empiecen a usar los mecanismos de anticipo”, dice la presidenta de Camacol.

Frente al tema, la percepción de los constructores es positiva, están interesados. El Gerente de Desarrollo de Amarilo, Francisco González, dice que en medio de la realidad social que vive el país, el segundo más desigual de Latinoamérica después de Haití, es una responsabilidad del gobierno y del sector privado definir e implementar acciones encaminadas a reducir la brecha.

En ese sentido, afirma que la empresa comparte el compromiso del gobierno. “Como parte del sector constructor, apoyaremos la  iniciativa encaminada a mejorar la calidad de vida de los colombianos menos favorecidos.  Una vez se definan las condiciones para la participación de iniciativas privadas, aspiramos a postular varios proyectos en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Funza y Chía”.

Según el directivo, Amarilo cuenta con toda la solidez financiera para participar en el desarrollo de este tipo de proyectos. Sin embargo, “dependiendo de las condiciones bajo las cuales se desarrollen los proyectos buscaremos las estructuras financieras adecuadas, entre recursos propios y recursos de crédito”, explica.

Sin embargo, considera  importante estudiar la posibilidad de que estas convocatorias no solo apliquen para predios que cuenten con aprobación y normas vigentes , sino que también involucren predios que se encuentran en proceso de habilitación, con el fin ampliar de manera significativa el alcance y la oportunidad de esta iniciativa. 

Por su parte, el presidente de Oikos, Gabriel Díaz, espera que el programa no se preste para juegos políticos o burocráticos, sino que sean seleccionadas personas que sí merezcan las viviendas.

El directivo estudia alianzas con algunos constructores para participar en los proyectos, “no es un momento para ponerse en riesgo, pero si hay motivaciones sociales”.

Sin embargo, Díaz espera que la interventoría sea razonablemente medida, proporcional, de tal manera que la infraestructura sea rentable, “debe existir una relación costo-beneficio razonable”, concluye.
                                                               
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