| 4/16/2012 3:00:00 PM

Otro funcionario de gobierno Uribe investigado por Contraloría

La Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal contra seis ex funcionarios y un ex contratista del Invias por un detrimento patrimonial de $13.951 millones , que se dio al no ejercer una adecuada defensa del Estado en el trámite de una millonaria conciliación del instituto con el consorcio conocido como Conigravas S.A.

La medida cobija al ex director del Invias, Mauricio Ramírez Koppel, a los miembros del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del instituto en la época que sucedieron las irregularidades investigadas y al apoderado judicial de INVIAS en la conciliación, Francisco Ernesto Ramírez Vasco.

Los integrantes del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Invias de 2006 vinculados como presuntos responsables fiscales son:

El Secretario General Administrativo, Augusto Ramírez Gasca; el Jefe de la Oficina Jurídica, Vladimir Fernández Andrade; el Secretario General Técnico,Germán Roberto Rueda Arévalo; el Subdirector Técnico Financiero, Guillermo Alberto Petersson Prychodny; y Gustavo Alberto Montes Villa, en su condición de delegado del entonces director del INVIAS en este comité.

El Contralor Delegado Intersectorial de la Unidad Especial Anticorrupción que lleva este proceso de responsabilidad fiscal, Alejandro Agudelo, convocó para el próximo 9 de mayo la audiencia verbal de descargos.

El caso en cuestión involucra la conciliación más cuantiosa de que se tiene antecedente en la historia del país.

El contrato que dio origen a la controversia legal y consecuente conciliación data del 7 de febrero de 1983 y fue adicionado en ocho oportunidades.

Se trata de un contrato de obra pública por el sistema de precios unitarios, suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo Vial Nacional con el Consorcio Conic S.A. Botero Aguilar y Cia Ltda, por un valor de $600 millones, que tenía por objeto adelantar obras de ampliación, rectificación y pavimentación en la carretera Medellín-Turbo, ruta 21, tramo 14. La carretera contratada nunca se terminó.

El consorcio Conic S.A. Botero Aguilar y Cia Ltda cedió sus derechos y obligaciones a Conigravas S.A. y otros, actuales demandantes.
La controversia surgió por una deuda inicial de $690 millones, que en una primera conciliación aceptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en 1998, paso a superar los $25.000 millones, suma que fue reconocida y pagada en ese mismo año.

El problema surgió a finales de 2006 cuando, al atender una nueva demanda, el INVIAS acepto una segunda conciliación, esta vez por $74.00 millones.

Esta nueva conciliación fue aprobada, otra vez, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que además ordenó embargar las cuentas del Invias.

Para la Contraloría General de la República no hubo una adecuada y efectiva defensa judicial en el proceso ejecutivo, lo que conllevó a una conciliación soportada en decisiones del Comité de Conciliaciones del Invias, que desconocieron los principios de la administración pública y la gestión fiscal.
Igualmente, la Contraloría General de la República interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la pérdida o destrucción de documentos inherentes al proceso que hubieran sido vitales para modificar la postura que inicialmente tuvo la CGR sobre el caso Conigravas, en lo relativo al doctor Adolfo Weybar Sinisterra Bonilla, actual Contralor Departamental del Valle del Cauca, quien participo en la investigación inicial sobre el tema en la administración del ex Contralor General Julio César Turbay Quintero.
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